Tras dos años, caso Azteca sigue en investigación y no hay fecha para juicio

Tras dos años del sonado caso Azteca, el cual involucra a empleados públicos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y empresas privadas que, al parecer, lograban contratos millonarios con ayuda de los funcionarios mencionados, se mantiene en investigación.

Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada tras una consulta de Teletica.com.

“El numeral 295 del Código Procesal Penal establece que el procedimiento preparatorio no es público para terceros, por lo que esta representación únicamente puede indicar que el caso está en investigación.

“Actualmente, se encuentran personas con medidas cautelares de prisión preventiva y de otro tipo. No hay fecha para juicio”, señaló el Ministerio Público.

Este medio supo que solo dos personas (empresarios) están en prisión preventiva y ocho más tienen medidas cautelares como ir a firmar cada mes y arresto domiciliario. Todos los funcionarios de AyA involucrados ya volvieron a su trabajo en la institución.

Según las pesquisas, varias personas creaban empresas dedicadas a la construcción para participar en licitaciones de obra pública y, con la ayuda de funcionarios estatales, lograban ganarlas. A cambio, habrían recibido sumas cuantiosas de dinero.

Fue el martes 9 de noviembre de 2021 cuando el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 37 allanamientos y detuvieron a 24 personas, entre ellas 14 funcionarios públicos, como sospechosos de los delitos de narcotráfico, legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y corrupción.

Al parecer, tanto los funcionarios como los 10 empresarios obtuvieron, aproximadamente, 1.370 millones de colones entre licitaciones y bienes e inmuebles.

La supuesta estructura criminal, que en un principio se dedicaba al tráfico de drogas, corrompió a funcionarios públicos para lavar dinero: mezclaban capital ilícito con dinero del Estado.

Según el OIJ, la organización compraba empresas "fachada" con alta disponibilidad de dinero en efectivo que no tenía origen lícito conocido. Inicialmente, estas costosas compras en efectivo hicieron saltar las alertas de la Policía.

El objetivo principal era obtener altas cantidades de dinero en efectivo para colocarlo en el sistema financiero y bancarizarlo para darle visos absolutos de legalidad. Como los fondos que recibían eran del propio Estado, su origen estaba justificado.

Los funcionarios públicos de AyA fungían como abogados, administradores e ingenieros con posibilidades de determinar cómo se hacían las licitaciones. Aparentemente, obtenían dinero, así como bienes, muebles e inmuebles, crearon facturas falsas, justificaban gastos inexistentes y simulaban situaciones de emergencia para generar fondos que luego trasladaban a sociedades anónimas mediante licitaciones.  

También se aprehendió a un empleado de un banco estatal que, al parecer, les brindaba asesoría de cómo bancarizar los fondos, hacer cambio de dólares sin despertar sospechas y cómo superar los obstáculos antilavado que tienen las instituciones financieras.

Este habría adquirido mediante el uso de testaferros y, en un espacio de tiempo reducido, 22 bienes e inmuebles, así como 30 vehículos de uso personal y de construcción valorados en 600 millones de colones y 110 mil dólares.

El Ministerio Público indicó que, hasta el momento, no hay fecha para juicio.