Presidencia politizó pauta estatal para asignarla a medios afines al Gobierno, concluyen diputados

La Presidencia de la República politizó la pauta estatal de 14 instituciones autónomas para asignarla a medios afines al Gobierno de Rodrigo Chaves. Esa es la principal conclusión del informe de mayoría que el Plenario Legislativo aprobó, este lunes, con el voto de 30 legisladores y que impulsaron las fracciones de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y el Liberal Progresista.

De ellos salieron los votos para que ese informe se impusiera a otros dos de minoría: uno del oficialismo y otro de Nueva República.

Todos ellos analizaron los contratos por ₡9 mil millones que esas 14 instituciones negociaron con la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), pero que finalmente no se dieron, en su mayoría, por la imposibilidad de la agencia ante la falta de recursos que provocó la improbación de sus presupuestos.

“Si no se hubiera denunciado esto en los diferentes órganos de control, esta Asamblea Legislativa incluida, esto hubiera significado un chorizazo politiquero de más o menos ₡9 mil millones.

“Se pretendió llevar el presupuesto de publicidad para la agencia Sinart y desde ahí asignarlo a dedo en una agenda con intereses políticos y económicos a los medios de comunicación o personas que hagan comunicación en redes sociales bajo una lógica política”, criticó el frenteamplista Ariel Robles.

Robles, en su alocución, recogió varios de los puntos que cuestionó ese informe, incluidos la falta de criterios técnicos para respaldar la escogencia de la agencia Sinart sobre otras empresas, lo mismo que estudios de demanda o la ausencia de actas que transparenten las decisiones y discusiones a lo interno del Sinart.

Pero el principal señalamiento es que la presión para que esos contratos se firmaran nació de Zapote, específicamente de la Presidencia y, sobre todo, de Rodrigo Chaves.

“Hubo un involucramiento de la Presidencia de la República en todo momento, tanto en los contratos del BCIE como del Sinart. Esta decisión de las instituciones autónomas de pautar con Sinart no hubiera sucedido si no hubiera venido con órdenes superiores, no se hubieran alineado todos los departamentos de comunicación de instituciones autónomas si no hubieran venido las órdenes de arriba.

“La presidenta del JPS (Esmeralda Britton) dijo que la orden vino del Presidente de la República (…) Hubo involucramiento y revanchismo de la presidencia de la República”, aseguró la liberacionista Andrea Álvarez.

Los diputados cuestionaron que esa “democratización de la pauta” provocó daños incluso para las propias instituciones, que vieron afectadas sus campañas y el alcance de estas al elegir medios de comunicación con audiencias cuestionables.

El informe, además de sus conclusiones, recomienda también al Ministerio Público investigar esa supuesta injerencia de Rodrigo Chaves y el “comité editorial” de Casa Presidencial en esos contratos.

Ese comité involucra, entre otros, al ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, la exministra de la Presidencia Natalia Díaz o la diputada Pilar Cisneros.

El informe también apunta contra el Ejecutivo por el uso del millón de dólares que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donó a Costa Rica y de los cuales, poco más de $400 mil se fueron para el producto Christian Bulgarelli, a quien también se pide investigar.

Advertencia

Ada Acuña criticó con dureza las conclusiones y recomendaciones de ese informe e insistió, con una larga lista de razones, que todo lo dicho ahí es falso y que sus firmantes las acomodaron “de manera antojadiza”.

"Es falso que se politizó la pauta estatal, lo único que hizo el Presidente de la República fue lanzar un llamado para que la administración púbica cumpliera con el 10% de la contratación de pauta con la agencia del Sinart, una disposición de ley.

"No existió ningún tipo de presión impropia por parte de la presidencia, sino una solicitud de cumplirle al Sinart", insistió.

Pero fue más allá y advirtió que, igual que con el informe final de la investigación del financiamiento de partidos políticos, el informe recomienda investigar a personas que no fueron citadas en la comisión.

"Ese informe pretende seguir el circo planteándole al Ministerio Público que se investigue al presidente de la República, a la diputada Pilar Cisneros, cuando desde el seno la comisión violaron intencionalmente su derecho a la defensa. 

"Ya hay un antecedente clarísimo de la Sala Constitucional, jamás debe avalarse un informe que violenta de nuevo los derechos constitucionales", aseveró.

El informe de mayoría se aprobó con el apoyo de 30 diputados y el rechazo de otros 13, incluidos en estos últimos los representantes del oficialismo, Nueva República y los socialcristianos Leslye Bojorges y Andrés Robles.