Sugeval rechaza apelación de BCR por Parque Empresarial del Pacífico
Tras esta decisión, las juntas directivas del BCR y el BCR-SAFI informaron que esperarán ahora la resolución de Conassif, como ente superior.
La Superintendencia General de Valores (Sugeval) rechazó, este viernes, los dos recursos de revocatoria presentados a inicios de noviembre por las juntas directivas del Banco de Costa Rica y la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR-SAFI) por la resolución que esta tomó sobre el cuestionado Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
La apelación se presentó contra la resolución SGV-R-179-2024, en la que la Sugeval ordenó a ambos órganos sacar al parque del Fondo Inmobiliario No Diversificado (FIIND) y, además, aportarle $70 millones a este último para restablecer su situación financiera antes de la compra, en febrero de 2020, del PEP.
“La Junta Directiva del BCR y de BCR-SAFI alertan que el acatamiento de la Resolución de SUGEVAL implicaría eventualmente el traslado definitivo de más de $70 millones de fondos públicos a un patrimonio privado.
“Al respecto, cabe señalar que ambas Juntas Directivas tienen un deber de cuidado de los fondos públicos y consideran que, a hoy, no existen los elementos que respalden la legalidad de tal medida”, insistieron las autoridades del banco.
Ambas juntas aseguraron que las acciones instruidas por la Sugeval seguirán suspendidas hasta tanto el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) no analice las revocatorias en su calidad de entidad superior.
La disputa surge por la pérdida patrimonial que ha experimentado el FIIND por motivo de la compra del PEP, un negocio porque el que la BCR-SAFI pagó $70 millones a pesar de que, según se investiga, su valor no superaba los $35 millones.
Por esta misma razón, la junta directa del BCR acogió la orden de la Sugeval de capitalizar hasta por ₡22 mil millones a la SAFI, para evitar así que esta caiga en inviabilidad.
Esa orden fue cuestionada por el Consejo de Gobierno y el propio Rodrigo Chaves, que pidió cuentas a la directiva del banco por ese traslado de fondos públicos a una sociedad cuestionada.