Consulta de constitucionalidad vuelve a frenar reforma al empleo público

Apenas horas después de que los diputados aprobaran nuevamente, en primer debate, el proyecto de reforma al empleo público, la Corte Suprema de Justicia cumplió su palabra y presentó una consulta facultativa ante la Sala Constitucional.

El documento, firmado por el magistrado presidente Fernando Cruz, apunta directamente contra los artículos 6,7,9,12,13, 16, 24, 28, 32, 33, 34, 36, 49 y normas conexas del proyecto de ley, que ya había superado una primera consulta constitucional.

Sin embargo, los magistrados de la Corte habían advertido que las soluciones propuestas no resuelven los vicios expuestos por la Sala en esa primera resolución y que el proyecto seguía afectando la independencia judicial, resguardada en la Constitución Política.

Luego de la primera consulta, los diputados resolvieron que la solución más sencilla era la exclusión casi total de todos los poderes de la República y los entes públicos con autonomía a la rectoría del Mideplan, decisión que también deja fuera a las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social y las municipalidades. 

Sin embargo, la tesis de la Corte es que la rectoría siempre afecta a una población significativa de ese poder de la República por su injerencia en la Dirección General de Servicio Civil y las oficinas de gestión humana, que incluye a la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial y otros órganos judiciales.

Los magistrados de la Corte Plena ya habían planteado esas advertencias en una primera consulta, que no se pudo acoger por presentarse a destiempo. El nuevo trámite frena una vez más el avance de la reforma, que ya se había votado en primer debate en junio pasado y que se votó nuevamente ayer con el respaldo de 36 diputados.

En teoría, el proyecto se votaría en segundo debate este jueves, pero ahora la Sala Constitucional tendrá hasta un mes para dar su nueva resolución, un plazo que además se complica por el receso de fin de año.