Ramos propone que las municipalidades administren proyectos de infraestructura del MEP

El candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, plantea en su plan de Gobierno trasladar los recursos de la administración y el mantenimiento de infraestructura del Ministerio de Educación Pública (MEP) hacia los gobiernos locales.

La propuesta del actual diputado es que las municipalidades se encarguen de algunos proyectos de infraestructura educativa. “Le quitaríamos esa responsabilidad de ejecución de obra pública a las Juntas de Desarrollo, que en la mayoría de las veces se ven en problemas para ejecutarlos y se los daríamos a municipalidades que hayan demostrado que tienen capacidad de gestión” explicó Ramos.

Para definir cuáles gobiernos locales estarían capacitados para gestionar los recursos, la propuesta plantea que se incluyan solo aquellas municipalidades con una calificación superior a 80 en el Índice de Gestión Municipal (IGM)de la Contraloría.

El candidato del partido oficialista defiende este traslado de recursos en aras de lograr una gestión más descentralizada. “Estamos hablando de la ejecución de obras secundarias y terciarias” recalcó.

Uno de los primeros obstáculos contra el que choca esta propuesta es que desde 2021, la Contraloría modificó el IGM y ahora en lugar de una puntuación de 0 a 100, la evaluación es cualitativa según el "nivel de madurez" de los servicios municipales,  y esta va desde inicial (de 1 a 30%) hasta optimizado (de 91 al 100%).

Para el exministro de Educación Pública, Francisco Antonio Pacheco, la propuesta tampoco sería viable ya que reconoce que dar los recursos a las municipalidades supone dejarle un espacio demasiado incierto, sobre cómo y dónde se construye.

 “Estoy de acuerdo en que el MEP no tiene que construir, pero me parece que eso le corresponde a otras instancias, le corresponde al MOPT que tiene la posibilidad verlo en forma más completa”, recalcó el ex jerarca del MEP.

​Pacheco además señaló que las capacidades de gestión de los gobiernos locales son muy variables y que una propuesta como esta no es conveniente en este momento, ya que además las municipalidades no están pasando por su mejor momento, lo que más bien podría provocar una reacción negativa en la población.

Ante los cuestionamientos por las recientes investigaciones vinculadas a casos de corrupción, Ramos dijo que no se puede generalizar. “Hay que echar al sinvergüenza y permitir que la descentralización funcione. También estamos promoviendo la transparencia a través de herramientas de control para la ciudadanía” agregó.

La creación de un ingreso mínimo vital

 Otra de las propuestas incluidas en su plan de Gobierno es que el Estado garantice un ingreso mínimo vital a las personas en condición de pobreza extrema. Esto se haría mediante transferencias que estaría condicionadas a que la persona ingrese a programas de capacitación o emprendimiento.

Ramos señaló que la meta es garantizar que en el país nadie pase hambre, por lo que el monto del subsidio podría ser similar al de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Según datos del INEC, para 2021 el valor per cápita de la CBA se estimó en ₡50.182, mientras que 376.800 personas vivían en pobreza extrema. Esto implicaría que se necesitarían unos  ₡18.908 millones para cubrir un plan como este.

¿De dónde vendrían los recursos?

“Hoy en día tenemos una serie de personas que viven en pobreza extrema  y lo que queremos es que nadie que esté en este país aguante hambre por asunto de ingreso, y para eso la propuesta es coordinar mejor los programas de ayuda que ya tenemos, para poder garantizarle a estas personas un ingreso mínimo vital” explicó Ramos.

El actual diputado también dijo que se trata de ayudas de carácter temporal. “Lo que queremos es dar herramientas a las personas para que tengan empleo y se puedan mantener por sí misma por eso es que se condicionaría a programas de capacitación”.

En cuanto a los programas de capacitación y emprendimiento que serían requisito para recibir las trasferencias de dinero, Ramos señaló que generarían desde instituciones como el INA, el INAMU, FODESAF, el Ministerio de Trabajo y otras.

​Finalmente, una tercera iniciativa del candidato presidencial del PAC es que a partir de los 12 años, desde que se gestiona la cédula de menores de edad, esta población tenga la potestad de rectificar componentes de la identidad de género como nombre, sexo registral e imagen de los menores de edad en el Registro Civil.

A través de una reforma,  desde 2018 cualquier costarricense mayor de edad que desee cambiar su nombre en el Registro Nacional porque considera que no corresponde con su identidad de género puede hacerlo, el candidato plantea que se garantice este mismo derecho a los menores de edad y esto lo haría mediante una ley.