El aparente grupo criminal que, según la investigación, montó un “call center” desde Costa Rica para robar millones de dólares a adultos mayores estadounidenses, continuará encarcelado.
Así lo dio a conocer el Juzgado Penal de San José, que le dictó tres meses más de prisión preventiva por el aparente delito de legitimación de capitales, con precedente de estafa.
“Según informó la Oficina Federal de Investigación (FBI) del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Sección Especializada contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estas personas habrían estado cometiendo una serie de actividades delictivas de carácter transfronterizo.
“Se cree que instalaron centros de llamadas en Costa Rica y, de esa manera, se habrían dedicado a cometer estafas, en perjuicio de ciudadanos estadounidenses, principalmente personas adultas mayores. En apariencia, las llamadas las realizaban por medio de Internet, ya que de esa forma podían enmascarar el número telefónico, para hacer creer a las víctimas que estaban siendo contactadas por entidades gubernamentales de Estados Unidos o empresas promocionales”, indicó la oficina de prensa del Poder Judicial.
En total, son 17 personas investigadas, pero solo cinco fueron enviadas a prisión preventiva.
Fue el miércoles 27 de setiembre de 2023 cuando agentes de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público, junto con el OIJ, realizaron 14 allanamientos para desarticular la aparente banda.
Los operativos se realizaron en las localidades de Pavas, Santa Ana, Ciudad Colón, Escazú, Tibás, Curridabat, Aserrí, Heredia y La Unión.
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, este grupo habría operado entre julio de 2019 y setiembre de 2023.
Además, para poder legitimar las ganancias obtenidas, presuntamente, declararon falsamente que los recursos eran obtenidos por ventas o servicios prestados en Estados Unidos, por lo que conseguían introducir esos dineros al sistema bancario nacional.
Al parecer, los imputados engañaban a las víctimas diciéndoles que, para tener acceso a los premios, debían cancelar rubros correspondientes a impuestos de ley. De esa manera, se presume que, por medio del engaño, la organización habría causado pérdidas mayores a $1.000.000.