Jueza inhabilita por seis meses a alcaldes investigados en caso Diamante

El Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública inhabilitó de su cargo, por los próximos seis meses, a los alcaldes investigados en caso Diamante. 

La jueza determinó que cada municipalidad tendrá que definir si esa suspensión es con o sin goce de salario.

Esa fue una de las medidas cautelares dictadas, este viernes, contra los imputados en la causa.

La decisión aplica para Johnny Araya Monge (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Alberto Cole de León (Osa), Alfredo Córdoba Soro (San Carlos), Humberto Soto Herrera (Alajuela) y Arnoldo Barahona (Escazú).

“Estamos en desacuerdo con la medida cautelar que ha definido la juez, nos parece una medida cautelar absolutamente desproporcionada, ha habido una intensa discusión por parte de nuestros abogados defensores oponiéndose a esa medida donde no ha habido una clara justificación del porqué de ese periodo, eso ha coincidido casi todas las defensas, la discusión fue muy intensa", dijo Johnny Araya.

Contrario a lo que había solicitado el Ministerio Público (un año de prisión preventiva), la jueza solo impuso arresto domiciliario con tobillera electrónica a un empleado de la empresa MECO, de apellido Gutiérrez.

“Se nos aplicaron las penas y ahora se van a investigar las sospechas, eso es lo lamentable, primero se nos aplicó una pena gravísima, una humillación un escarnio público, se nos llevó a un calabozo durante 56 horas, hicieron sufrir a nuestros familiares y hoy se nos aplica una suspensión y todavía no hay una absoluta seguridad sobre lo que ha acontecido”, expresó Mario Redondo.

Para el alcalde de Alajuela se hizo un daño moral, "es un daño moral irreparable a Humberto Soto. Qué pasa cuando salga inocente, quién va a reparar el daño moral, absolutamente nadie y eso le digo al pueblo costarricense. En ningún momento solicité 4 millones de colones para la campaña”.

En el caso Diamante, las autoridades investigan supuestos actos de corrupción en contratos de obra pública municipales.

Además, los imputados tienen la prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos.