Federico Campos, abogado penalista y defensor de la familia Lacayo, expresó su rechazo ante los allanamientos realizados este jueves en las oficinas centrales de Desyfin, en Escazú, y la Arrendadora Desyfin, calificando las acciones como una afectación grave e injustificada al prestigio de la empresa.
Los allanamientos forman parte de una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público sobre la intervención de la financiera.
Sin embargo, Campos asegura que sus representados refutarán las acusaciones presentadas, afirmando que “no existe delito alguno”.
Según el abogado, se han detectado graves irregularidades en el proceso de intervención.
"Consideramos que han existido vicios de ilegalidad en las causas que motivaron la intervención, además de violaciones al debido proceso, ya que no se cumplieron los procedimientos establecidos por la normativa vigente", indicó Campos.
También señaló que, durante la intervención, se cometieron errores en la valoración de negocios lícitos y se realizaron reclasificaciones de créditos que generaron estimaciones incorrectas, todo lo cual está siendo impugnado en diversas instancias.
El abogado también denunció que los interventores rechazaron propuestas de capitalización viables, que, asegura, habrían permitido rescatar a la empresa.
"La SUGEF y el Conassif han dañado irremediablemente el buen nombre y la reputación de una empresa que ha sido manejada responsablemente por la familia Lacayo durante décadas", agregó Campos.
El equipo legal de la familia Lacayo ha presentado impugnaciones en vías penal, civil, administrativa y constitucional para, según su abogado, defender los derechos de la empresa y revertir las acciones que consideran injustas y perjudiciales.
Diligencias en curso
La Fiscalía busca prueba digital y servidores en los allanamientos realizados en las oficinas centrales de Desyfin en Escazú, así como en la Arrendadora Desyfin.
Según declaraciones del fiscal Cristian Agüero, la operación también abarcó dos despachos de abogados y cinco domicilios (Escazú y Santa Ana) vinculados a personas investigadas. En total, son nueve allanamientos.
Entre los presuntos delitos que se indagan están administración fraudulenta y reducción de la pena, este último previsto en la Ley Orgánica del Banco Central. En esta causa, de momento, no se ha individualizado a personas imputadas.
La Administración de la Resolución de financiera Desyfin informó, a través de un comunicado, que trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio Público para apoyarle en lo que se requiera.
La financiera fue intervenida el pasado 13 de agosto luego de que la Superintendencia General de Entidades Financieras alertara de una “gestión irregular y riesgosa” en la entidad.