Hallan revólver sin papeles en casa de médico allanada por aparentes irregularidades en adjudicación de Ebáis

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realiza, este lunes, 28 allanamientos por aparentes irregularidades en la adjudicación de Ebáis.

Durante la diligencia policial se halló, en una de las casas allanadas en Palmares, de Alajuela, que pertenece a uno de los médicos investigados, un revólver calibre 38 y municiones, sin los respectivos permisos.

Así lo confirmó el Ministerio Público, entidad que además señaló que se detuvo al sospechoso por este caso en específico y no por los allanamientos que se realizan por el tema de Ebáis.

“Se trata de un médico de apellidos Ramírez, quien fue trasladado a la Fiscalía Adjunta de San Ramón, donde será procesado por el presunto delito de tenencia ilegal de armas permitidas, bajo el procedimiento expedito de flagrancia.

“A esta persona se le identificará (en este tipo de procesos la Fiscalía no toma declaración indagatoria) y se le citará para que se presente a una audiencia. Este caso se tramita bajo el expediente 24-000498-1297-PE”, indicó el Ministerio Público.

Este médico (Ramírez), también es investigado por la supuesta adjudicación de servicios de salud (Ebáis) con sobreprecios.

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Durante los allanamientos que se realizan por los aparentes delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024, se aprehendieron a ocho personas, entre ellos figura la presidenta Ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel.

Las otras siete personas detenidas son de apellidos Quirós (69 años), Araya (42), Gómez (67), Porras (57), Camareno (mujer, 64), Gutiérrez (mujer, 59), Rojas (mujer, 70). Todos ellos son funcionarios y exservidores de la institución administradora de los hospitales públicos del país, indicó la Policía Judicial sin precisar los puestos.

“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.

“Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio”, señaló la Fiscalía.

Las autoridades creen que miembros de la Junta Directiva de la Caja sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida en favor de estos.

Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.

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