La Fiscalía pidió suspender del cargo, durante ocho meses, a los alcaldes detenidos por el caso Diamante.
Las medidas cautelares solicitadas contra los jerarcas, este miércoles en la audiencia que se desarrolla en el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, no implican la privación de libertad. La representación fiscal también agregó, en esta solicitud, que los alcaldes no puedan salir del país, que firmen en el despacho y no se comuniquen con testigos.
Este trámite se realiza en contra de Johnny Araya Monge (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Alberto Cole de León (Osa), Alfredo Córdoba Soro (San Carlos), Humberto Soto Herrera (Alajuela) y Arnoldo Barahona (Escazú).
En la audiencia de solicitud de medidas cautelares del caso Diamante, el Ministerio Público solo pidió prisión preventiva contra uno de los detenidos, de apellido Gutiérrez, quien es funcionario de la constructora MECO.
Todas estas personas fueron aprehendidas el lunes como sospechosas de cometer presuntos hechos de corrupción relacionados con la contratación y construcción de obra pública cantonal.
Las autoridades investigan los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, incumplimiento de deberes, asociación ilícita y penalidad del corruptor en perjuicio de los deberes de la función pública.