El Banco de Costa Rica (BCR) confirmó, este jueves, que interpuso una acción civil resarcitoria por el caso “Cementazo”; donde figuran como imputados el empresario Juan Carlos Bolaños y ocho personas más.
Los hechos por los que se les acusan se dieron en torno a la solicitud, tramitación y desembolso de un crédito en el BCR ($30 millones), para Bolaños Rojas y su grupo de interés económico, conformado por dos hombres de apellidos Cortés y Rojas, gerentes de la empresa Sinocem Costa Rica.
“De conformidad con el plazo concedido por el Ministerio Público, el Banco de Costa Rica interpuso una acción civil resarcitoria en el proceso penal sobre el caso Sinocem. En cuanto a detalles adicionales, no podemos ahondar debido a que la etapa en que se encuentra el procedimiento es confidencial.
“Reiteramos que el Conglomerado Financiero BCR es respetuoso de las acciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales. Continuaremos colaborando con las autoridades en el proceso respectivo”, indicó el BCR.
La entidad financiera reclamará ahora un monto económico por los daños y perjuicios sufridos.
Según la Fiscalía, el desembolso de los fondos públicos habría sido en detrimento de los intereses de la entidad bancaria y en favor del grupo empresarial de Bolaños.
También se reveló que el dinero entregado por el BCR para la compra de cemento habría sido utilizado para fines distintos.
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), en representación del Estado en su condición de víctima, demandó $10 millones a los nueve imputados y cuatro sociedades anónimas involucradas en el caso “Cementazo”.
La PEP presentó el pasado viernes la querella y acción civil resarcitoria.
En la lista de imputados figuran el empresario Juan Carlos Bolaños y su esposa de apellidos Suárez Aguilar, así como personas de apellidos Gómez Barrantes, Bogantes Brenes, Rojas Segura, Delgado Negrini, Arias Silesky, Thompson Camacho y Cortés Zúñiga.
A estas personas se les acusa por el supuesto delito de peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, captación indebida de manifestaciones verbales e influencia en contra de la hacienda pública.
De igual forma, se demandó civilmente a las empresas Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S. A., JCB Constructora y Alquiler S. A., JCB Distribuidora S. A. y Sinocem Costa Rica S. A.
Ya presentadas las acciones civiles resarcitorias y querellas, serán analizadas por el Ministerio Público y remitido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con la acusación y solicitud de auto de apertura a juicio.