POR Greivin Moya | 16 de agosto de 2016, 8:31 AM

Hace varias semanas dimos a conocer el caso del paseo maritimo, en Caldera, Puntarenas.  

Esta obra, cuya construcción fue financiada por el Instituto Costarricenses de Puertos del Pacífico (Incop), tuvo un costo cercano a los ¢1.000 millones y fue finalizada hace tres años. 

Se trata de un parqueo para unos  90 carros, servicios sanitarios, planta de  tratamiento, duchas y una soda para el servicio de los visitantes a la playa más cercana y popular del país.

Sin embargo, esta obra esta cerrada, sin uso y en franco deterioro pues solo una vigilantes custodiándola. 

La razon principal de este desacierto, según el Incop, es que no hay quién administre las instalaciones, porque la entidad no puede hacerlo por ley. 

Ante este panorama -más la renuncia de la presidenta ejecutiva de la entidad que habló sobre este tema en aquel entonces-, los vecinos de Mata de Limón y Caldera exigen al MOPT, en primera instancia, y al Incop que definan el futuro de la administración de las instalaciones.

Eso sí, ellos alegan que no existen voluntad para ayudar a estas comunidades que quieren explotar la obra, y generar recursos para mejoras locales.

¿Y por qué el MOPT? Resulta que la obra está en terrenos cedidos por la entidad, como ocurre con una propiedad de una hectárea -colindante-, donde opera un astillero para reparación de embarcaciones.