Reportajes
Más de 7 mil panameños ingresarán al país para recolectar café
Solo en Coto Brus se espera recolectar en tiempo de pandemia unas 150 mil fanegas de un café reconocido en el mundo.
En la zona de Coto Brus, el Ministerio de Salud y miembros de la Comisión Local de Emergencias han visitado unas tres mil fincas para verificar que cumplan con medidas para mantener a unos siete mil indígenas que próximamente se integrarán a la recolección del café.
Sobre todo, con la intención de que estas personas no vivan hacinadas y con falta de agua potable en los albergues, ubicados dentro de las fincas.
Según manifestó la presidenta de la Comisión de Emergencias local, el Ministerio de Salud giró ordenes preventivas en fincas para que mejoraran los dormitorios para los indígenas, que no estén hacinados, que tengan agua potable y un comedor o cocina espacioso donde ellos estén más seguros de no contraer el virus.
La vicealcaldesa, quien es médica de profesión y es además la presidenta de la Comisión Local, señaló que las visitas a las fincas son para apoyar a los finqueros. Sin embargo, es claro que quien no cumpla en tener instalaciones adecuadas para evitar el contagio, serán cerradas por protección de los inmigrantes y también para los vecinos, pues lo menos que se quiere es tener un brote descontrolado que atente contra la recolección de la cosecha de café de esta zona y otras del país.
Existe preocupación con el ingreso de los indígenas que provienen de zonas donde las condiciones sanitarias y su atención no son las más adecuadas, además de que vienen de un país donde la pandemia ha golpeado muchísimo (Panamá).
Por esta razón, se está coordinando desde las comarcas para que vengan solo adultos trabajar: no se aceptarán niños ni mujeres embarazadas, como ocurría en años anteriores, para evitar riesgos.
Los productores más grandes son lo que han cumplido y colaborado más con medidas o protocolos, como disponer de más espacio en sus dormitorios y que puedan tener todos los servicios, así como recordatorios de las medidas de protección.
Pero, sobre todo, que se mantengan dentro de las fincas, que no salgan en sus días libres: una situación que podría tornarse difícil debido a la cultura de estos indígenas, que acostumbran reunirse en grupos en sus días libres.
Todavía existe un grupo de finqueros menores que están esperando ayuda para mejorar sus instalaciones y poder albergar a los recolectores, situaciones que todavía hace unas semanas no estaban del todo resueltas. No se sabe si podrán cumplir porque la cosecha ya está encima, o si recurrirán a mano de obra local que no implique albergues ni contención en las fincas.
Otra de las medidas drásticas que se dispondrán es que los indígenas se registren en Migración y reciban un permiso especial para recolectar café en determinada finca. Quien no tenga este documento, será deportado, porque se presume que entró sin ningún control.
En el plano mismo de la recolección de café, para evitar concentración de muchas personas en el cafetal, los productores deberán organizar a los recolectores por burbujas laborales y los identificarán con brazaletes de colores.
Así lo han hecho en las fincas de Roberto Rojas y de Estefano Poma, que han participado mucho en las acciones para que la cosecha se recoja sin mayor novedad.
Sin embargo, el otro aspecto que preocupa a los productores, a la comunidad en general de Coto Brus y pueblos vecinos, es que no vengan las siete mil personas que se esperan debido al control que se está exigiendo.
Por ello, la otra alternativa es apelar a la mano de obra local para que se integre de lleno, pero parece que eso será difícil, la situación se tornaría muy crítica si se pierde la cosecha.
En la zona de Sabalito circulan todos los años unos tres mil millones de colones que se ganan los recolectores y, en general, estamos hablando de una actividad que genera unos 20 millones de dólares.
En el escenario más positivo, se espera que con las medidas de prevención, si todos colaboran, se podrá controlar la situación y recoger la cosecha, pero también se tiene pensado habilitar un albergue para atender enfermos con unos 300 millones aportados por Judesur para tal fin.