El Ministerio de Hacienda intercederá ante el Comité de Conducta de la Unión Europea para hacerle ver a ese órgano que la decisión que Costa Rica tome para salir de la lista de países no cooperantes en materia fiscal no puede ser retroactiva.
Así lo reconoció este jueves el ministro Nogui Acosta, quien aceptó que cumplir con esa obligación iría en contra de la Constitución Política.
“Desde el punto de vista práctico, la jurisprudencia de Sala (Constitucional) ha sido reiterada en el sentido de que las leyes no pueden tener un efecto retroactivo. Si se avanza por ahí habría que mandarlo a la Sala (el proyecto) y eso me parece que no tiene ningún tipo de viabilidad por el plazo”, aseveró el jerarca.
Hoy, ante la comisión especial que analiza estas soluciones, los miembros del Comité de Conducta de la Unión Europea aseguraron a los diputados que el compromiso que adoptó Costa Rica con ese grupo económico fue aprobar y poner en marcha esa legislación antes del 1° de enero de 2023, por lo que velarán porque esa promesa se cumpla.
“Sé que realmente no es justo porque las leyes fiscales en principio deberían ver a futuro, pero como Costa Rica está atrasado en su compromiso, la retroactividad va a ser una condición de los estados miembros para sacarlos del anexo 1”, explicó Gabriele Annolino, oficial del Comité.
El Comité de Conducta de la Unión Europea dijo a los diputados, este jueves, que los proyectos presentados pueden ser suficientes para salir de esa lista sin la necesidad de una reforma integral al impuesto de renta.
Acosta dijo que existe un espacio de conversación con el Comité para explicarles cuáles serían los efectos de una decisión como esa si decidieran mantener la posición de la retroactividad.
“Vamos a explicarles a ellos cuáles son las condiciones del país y ahí vamos a tener que conversar con ellos y plantearle la realidad, vamos a discutir con ellos cuál puede ser algún esquema en el cual podamos asegurarles que la ley cumple con los objetivos exigidos, pero que el compromiso que asumió el gobierno anterior hoy es inviable desde el punto de vista legal”, añadió Acosta.
¿Efectos?
La decisión de hacer los efectos de esta reforma retroactivos tendría incidencia directa en los contribuyentes, incluso en perjuicio de sus derechos.
Por ejemplo, podría obligar a empresas al pago de impuestos de lo que hoy están exentos por decisión o definición.
“En materia tributaria, el tema de la retroactividad está vedado, está prohibido el gravar de manera retroactiva a un sujeto pasivo, de modo tal que yo considero que hacerlo podría tener vicio de constitucionalidad, porque la ley se estaría aplicando en perjuicio de los contribuyentes hacia atrás, y, precisamente, el chiste de la carga tributaria, como materia odiosa que es, es poder ser grabado cuando se conoce la base imponible, el sujeto pasivo, el sujeto activo, la tarifa, etc.”, reconoció Rafael González, socio de Impuestos y legal de la firma Grant Thornton.
El acuerdo de este jueves entre diputados y Hacienda es que se construirá un texto sustitutivo de consenso para esa solución y que este será enviado a consulta, en la brevedad, al Comité de Ética de la UE.
La solución deberá aprobarse y entrar en vigencia antes de que termine agosto próximo.