Sala IV avala extradición de costarricenses acusados de narcotráfico o terrorismo

La Sala Constitucional avaló, este miércoles, la reforma que permitiría la extradición de costarricenses acusados de delitos de narcotráfico o terrorismo.

Los magistrados consideraron, por unanimidad, que el expediente 23.701 no tiene vicios de constitucionalidad, pues es potestad de los diputados definir y balancear derechos fundamentales “siempre y cuando no se vea afectado su contenido esencial”.

“En el caso de la extradición, justamente ha habido antecedentes de la Sala en que ha admitido este tipo de modulaciones cuando se trata de delitos muy graves como los de lesa humanidad, contemplados en el Estatuto de Roma, o cuando hay aspectos de suma relevancia como la protección del interés superior de las personas menores de edad.

“En este caso, la reforma propuesta versa sobre el terrorismo y el tráfico internacional de drogas como excepciones al precepto 32 de la Constitución Política, tal posibilidad se ve respaldada por varios tratados internacionales ya suscritos por Costa Rica, que contemplan la extradición como un mecanismo de cooperación para la lucha contra tales flagelos de la sociedad”, explicó el magistrado Paul Rueda, quien fungió como instructor en esta resolución.

Con esa resolución, el proyecto legislativo tiene ahora vía libre para recibir segundo debate en el congreso y viajar a Zapote en busca de la firma del presidente Rodrigo Chaves, que además deberá mencionarlo en su informe de labores del 2025 para luego buscar tres debates más.

Lea también

La propuesta modifica el artículo 32 de la Carta Magna, que hoy establece que ningún ciudadano puede ser obligado a abandonar el territorio nacional.

“Los magistrados concluyeron que la reforma propuesta equilibra los derechos del ciudadano con el interés actual de someter a la justicia a los acusados de narcotráfico y terrorismo, en la medida que condiciona la extradición a que sea concedida en tales casos en concreto y solo por los Tribunales de Justicia con estricto apego a los derechos fundamentales y las garantías procesales reconocidos en la Constitución, tratados internacionales y las leyes”, finalizó Rueda.