Reforma a prisión preventiva será la prioridad en combate a la criminalidad

La reforma a la prisión preventiva será el proyecto estrella en materia de seguridad durante las presentes sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa.

Así lo informó este miércoles el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, luego de la segunda sesión de trabajo para definir la estrategia con la que se tramitarán las 10 iniciativas de consenso presentadas días atrás.

“La reforma a la prisión preventiva será la prioridad, el proyecto número uno”, dijo Arias luego de confirmar que las diferentes fracciones presentarán modificaciones a los seis proyectos de esa lista que ya están en la corriente legislativa.

Esa reforma a la prisión preventiva, por otro lado, es parte de las tres iniciativas que aún no llegan a Cuesta de Moras, pero que se presentarán en los próximos días.

El fiscal general, Carlo Díaz, explicó qué es lo que busca esa propuesta.

“Lo que queremos es modernizar los presupuestos de la prisión preventiva, aquí se incorporarían condiciones para el crimen organizado, narcotráfico, la legitimación de capitales, delitos contra menores de edad, homicidios, entre otros. En ese tipo de casos los jueces tendrán un mayor margen para analizar el otorgamiento de prisión preventiva”, explicó.

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Además, según Díaz, en el otorgamiento de ese beneficio ya no solo se tomaría en cuenta el impacto en las posibles víctimas desde una perspectiva personal, sino de comunidad.

“Por ejemplo, una persona que porta armas de fuego y hace disparos al aire o amenaza a comunidades, no se trata solo de analizar a las víctimas como persona, sino como comunidad”, añadió.

La lista de las 10 propuestas presentadas días atrás por el propio presidente Rodrigo Chaves son:

• Una reforma legal para que las personas naturalizadas que incurran en delitos graves se les revoque la nacionalidad y puedan ser extraditados a sus países si estos así lo requieren.

En este punto se acordó pedir al Congreso admitir la reforma constitucional que permitiría abrir la posibilidad de extraditar a costarricenses solicitados por otros países.

• Impulsar y aprobar el proyecto de “capitales emergentes”, para darle a la posibilidad al Instituto Costarricense sobre Drogas y otros cuerpos policiales de definir medidas cautelares para disponer de bienes decomisados al narcotráfico previo a que exista una resolución judicial por el fondo.

• Endurecer el registro de antecedentes penales para aumentar los términos en que desaparecen estos y así evitar beneficios carcelarios a reincidentes. (Aprobado este martes en primer debate).

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• ​Sancionar la extorsión crediticia mediante los llamados “préstamos gota a gota”.

• Una reforma para ampliar el catálogo de delitos que podrán ser sujetos de intervenciones telefónicas y darle a los jueces un plazo para esa resolución.

• Una reforma a la Ley de Armas y Explosivos para endurecer las penas actuales.

• Reducir las penas mínimas de seis a cuatro años para los delitos en que se permite monitoreo electrónico.

Adicional a estas, está ese proyecto de prisión preventiva, otro para agravar las penas contra adultos que utilizan a menores de edad para cometer delitos y una última para ampliar los plazos en procesos contra menores de edad, de manera que exista más espacio para formular las acusaciones.