POR Juan José Herrera | 5 de marzo de 2024, 16:43 PM

El director del Organismo de Investigación Judicial, Rándall Zúñiga, aseguró, este martes, que para el país es más caro debilitar el trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que excluirlo de leyes como Empleo Público y la reforma fiscal.

Lo hizo en medio de una amplia defensa del proyecto de ley que pretende sacar a sus jerarquías y puestos técnicos de las limitaciones salariales que trajeron ambas reformas y que fue ampliamente criticada por los ministerios de Planificación y Hacienda.

“¿Cuánto le cuesta al país que el OIJ pierda su competencia técnica? ¿Cuánto es el supuesto ahorro del Estado con que el OIJ esté dentro de estas leyes? Yo quiero que nos digan eso, cuánto se ha ahorrado el país, porque yo les puedo decir que ahora gastamos ₡50 millones al año más por salarios.

“Si este proyecto no camina, porque no hay un concepto técnico de cuánto le cuesta al país y el OIJ sigue sin recibir aumentos, yo quisiera saber qué responsabilidad van a asumir las personas detrás de esto”, criticó.

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La ministra Laura Fernández arremetió contra el proyecto de ley que excluiría a puestos especializados de la Policía Judicial de la reforma fiscal y el Empleo Público.

Zúñiga, con evidente molestia, puso como ejemplo que entre 2011 y 2017 (previo a esas modificaciones) el OIJ perdió a 14 funcionarios, pero que luego de 2018 (con la reforma fiscal) y hasta la fecha, han perdido 300 personas.

“Existe una ilusión de ahorro a nivel de diferentes personas que creen que con la Ley Marco de Empleo Pública y (Fortalecimiento de las) Finanzas Públicas va a haber un ahorro inmediato en las finanzas, ¿A nivel de OIJ cuánto ha sido ese ahorro? El ahorro ha sido negativo, esa ilusión de ahorro se va a materializar en 30 o 40 años”, insistió.

El director cuestionó, especialmente, las palabras de la ministra de Planificación, Laura Fernández, quien horas antes denunció la irresponsabilidad del OIJ y los diputados de promover una ley que crearía “diferencias odiosas” entre los funcionarios de la Policía Judicial y abriría “portillos” para que otros trabajadores también solicitaran exclusiones como las propuestas.

Zúñiga insistió que ninguno de esos argumentos está probado ni tampoco justifican el debilitamiento de la institución en un contexto de crisis.

“La diferencia de caer en un narcoestado es la diferencia que pueda generar el OIJ, con su personal competente y capacitado, no estamos pidiendo un aumento salarial, ni un aumento de presupuesto, estamos pidiendo volver antes de esa ley.

“No es un capricho, no estoy pidiendo una alfombra para mi oficina, es un tema de país, estamos en una situación criminal que está desbordando el país, no se ha visto esta situación de homicidios, delitos, personas heridas, intentos de homicidios y se requiere una gran entereza para que el país no sucumba”, finalizó.

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