Proyecto propone castigar hasta con tres años de cárcel el acoso telefónico a deudores

Un proyecto de ley pretende castigar hasta con tres años de cárcel el acoso telefónico que empresas o personas realicen a sus deudores.

La propuesta, tramitada bajo el expediente 23.927, fue presentada esta semana por la diputada de Nueva República, Gloria Navas, como una forma de “completar el cuadro” sobre las sanciones que hoy existen en esta materia.

“Ya existen sanciones con la legislación actual, pero el tema es ser más estrictos con los hechos de coacción y ese acoso e insistencia, donde llaman a hogares, oficinas, familiares y se convierte en una persecución indebida que produce incluso daño moral.

“La idea es reforzar y acompañar la legislación contra los préstamos gota a gota, que tienen como consecuencia este tipo de coacción. La pretensión es completar el cuadro para que haya protección frente a ese tipo de abusos”, dijo la legisladora.

¿Cómo?

En la actualidad, las personas que se sientan víctimas de acoso telefónico por temas de deudas pueden recurrir a la Sala Constitucional o al Ministerio de Economía para presentar su denuncia.

Con la propuesta en discusión, se crearía un régimen sancionatorio penal que protege no solo a los deudores sino también a sus familiares.

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Además, la propuesta prohíbe realizar llamadas fuera de horario de oficina; las llamadas excesivas en un mismo día o un periodo corto de tiempo; contactar a terceros sin consentimiento; amenazar con acciones ilegales falsas o revelar información del deudor, o su proceso, a terceros.  

También se prohibirían las presiones, intimidaciones o cobros mediante engaños a personas mayores de 65 años, o presionar emocional o psicológicamente al deudor o sus familiares.

Navas aseguró que si bien entiende que la privación de libertad es el castigo máximo en la legislación costarricense, esta es necesaria como una “amenaza” ante el acoso telefónico y sus consecuencias.

“La privación de libertad es sumamente importante porque constituye una amenaza general a esos niveles, pero siempre está la posibilidad de la suspensión de la pena.

“Realmente este tipo de prisiones irían a temas de reincidencia o cuando se detecte una política criminal de parte de una empresa, habría que valorar”, reconoció.

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Finalmente, el proyecto también establece castigos administrativos por la tenencia, uso no consentido y traslado de información sensible de los deudores.

El proyecto deberá ser asignado a comisión para iniciar con su discusión y análisis.