El Plenario Legislativo aprobó, este lunes, la moción para crear una comisión especial que investigue las recientes irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Lo hizo con el respaldo de 34 diputados y el rechazo de otros siete, estos últimos del oficialismo.
La moción, impulsada por la liberacionista Andrea Álvarez, pero con firmas de casi todas las fracciones, apunta a analizar temas puntuales como las listas de espera y la deuda del Estado con la institución, pero también otros más detallados como las denuncias presentadas contra la presidenta Marta Esquivel, la suspensión de los portafolios de inversión o el hospital de Cartago.
Además, entre sus motivaciones está también la cuestionada adjudicación de Ebáis y Áreas de Salud que motivó el caso “Barrenador”, que hoy se investiga en sede judicial.
“Desde hace varios meses y, particularmente en la actual Administración Chaves Robles, se han evidenciado una serie de falencias sin atender, como las listas de espera y la deuda del Estado con la institución.
“Asimismo, se tiene conocimiento de una gran cantidad de denuncias presentadas contra la más alta jerarquía de la CCSS, presuntos nombramientos irregulares, salarios ilegales de la Presidencia Ejecutiva, inestabilidad en la gobernanza, suspensión de los proyectos del portafolio de inversiones institucional, adjudicaciones cuestionadas, problemas para la construcción del Hospital de Cartago, supuestas persecuciones contra exdirectivos y directivos, aparentes inconsistencias en el contrato N°2017CD-000010-1107 relacionado con el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) y, supuestas incongruencias en informes actuariales, entre otros”, reza la moción.
Sin embargo, para el oficialismo, muchas de esas justificaciones son parte del interés de hacer “un show mediático” sobre temas que ya se investigan.
“La Fiscalía ya presentó una acusación en este caso (Barrenador) y está en sede judicial, por lo tanto, las personas que van a ser convocadas a esta comisión lo más probable es que se abstengan de declarar, precisamente porque el caso está judicializado.
“Lo que me temo, y estoy casi segura que va a pasar, es que van a hacer un show político como han pretendido hacer con otras comisiones investigadoras que no han llegado a nada y que no sirven para nada porque al final los casos se dilucidan en sede judicial y no aquí en la Asamblea Legislativa”, criticó la oficialista Pilar Cisneros al justificar porque ella y su bancada votaron en contra.
La nueva comisión estará integrada por dos diputados de Liberación Nacional y uno de cada una de las cinco fracciones restantes, para un total de siete legisladores.
Para rendir su informe final tendrá un plazo de 10 meses, que pueden ser prorrogables a solicitud del propio órgano.
Los integrantes de la nueva comisión serán anunciados próximamente.