Caso Barrenador: Cooperativa investigada denuncia a jefa de Contabilidad de Costos de CCSS
Coopesalud le atribuye a la funcionaria la supuesta omisión de información clave en un análisis de razonabilidad de costos, lo que, según los denunciantes, indujo a error a la Fiscalía.
Coopesalud R.L., cuyo gerente Alberto Ferrero figura como investigado en el caso Barrenador, denunció ante el Ministerio Público a la jefa del Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Lo anterior por, supuestamente, haber omitido información en un estudio —sostiene— que afectó la licitación para la compra de servicios médicos para 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud, en la cual resultó adjudicada, al igual que otras tres cooperativas y una asociación.
Esos datos faltantes, de acuerdo con la parte denunciante, hubiesen permitido concluir la existencia de un ahorro para la institución administradora de los hospitales públicos del país.
"Coopesalud ha presentado una denuncia en el Ministerio Público en contra la jefatura de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social, por cuanto hemos detectado la inclusión de hechos falsos en un documento denominado Estudio de razonabilidad de costos. Esta inclusión de hechos falsos ha afectado la adjudicación de 138 Ebáis que brindan el servicio a más de 587.000 personas. Todo a partir de la omisión de información que revelaría la existencia de un beneficio de más de ¢4.200 millones por año", comentó el abogado de Coopesalud, Sergio Castillo.
La cooperativa sostuvo que ese manejo de la información indujo a error a la Fiscalía, al tiempo que generó daños reputacionales y económicos contra las entidades contratadas para la administración de los establecimientos de salud.
El Ministerio Público, precisamente, persigue una serie de presuntas irregularidades en la licitación y adjudicación, que cree se “ajustó” a los intereses de quienes finalmente resultaron seleccionados en el proceso, lo que, según la hipótesis del órgano acusador del Estado, obligará a la Caja a pagar un sobreprecio de ¢12.400 millones por año.
Sobre el particular, Teletica.com procuró una reacción del Área de Contabilidad de Costos, pero la oficina de prensa de la institución, adujo que la jefatura se encuentra de vacaciones "desde hace algunas semanas", por lo que no era posible atender la solicitud.
