La iniciativa para excluir a una parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de las reformas que impactaron los salarios de su personal genera gran inquietud al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén.
Esto por cuanto la propuesta generará un incremento en el gasto público, vaticinó el jerarca ante una consulta de Teletica.com.
"Vemos con mucha preocupación esta iniciativa de la diputada Kattia Cambronero Aguiluz. Primero, porque no la conocíamos. Y segundo, porque tiene implicaciones desde el punto de vista del gasto", expuso el titular del Ministerio de Hacienda.
"Estamos desarmando un instrumento que ha sido fundamental para la contención del gasto público", agregó en referencia a las restricciones salariales introducidas por las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Marco de Empleo Público.
No obstante, las inquietudes del jerarca van más allá, pues, desde su perspectiva, el proyecto impulsado por la congresista del Partido Liberal Progresista (PLP) en conjunto con el director general de la Policía Judicial, puede ocasionar distinciones a lo interno de la Corte Suprema de Justicia.
"Desde el punto de vista del Poder Judicial, estaríamos generando asimetrías entre puestos similares. Las consecuencias no solo tienen que ser vistas en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo", advirtió el titular.
Anticipadamente, este medio le cuestionó a Cambronero Aguiluz respecto a si su propuesta se podía convertir en un disparador del gasto público; situación que desmintió, ya que, mediante los análisis realizados para la construcción del texto se arribó a la conclusión de que el plan no genera nuevas erogaciones.
De igual manera, a la parlamentaria se le consultó respecto a la posibilidad de que su iniciativa abra alguna puerta para que otros grupos de funcionarios que se sienten igualmente afectados por los cambios aprobados en los últimos seis años presionen porque se les incluyan en este tipo de excepciones, Cambronero Aguiluz respondió:
"Es que en este momento no hay nada más importante para Costa Rica que la seguridad. Yo no encontraría, y en la exposición de motivos es clarísimo cómo vamos desarmando un órgano tan importante como la Policía Judicial, que es un órgano de inteligencia en la investigación de homicidios. El país tiene que invertir en eso.
"Yo soy totalmente consciente y mi discurso está muy en línea de tener un estado pequeño, pero eficiente. Pero también los costarricenses necesitamos tener a las personas apropiadas en los puestos de ese tipo. Desde esa perspectiva, yo no veo cuál otra institución de este país necesita una mejora como la que en este momento necesita el Organimso de investigación Judicial y creo que es más que justificada. Tampoco por estar en la función pública, la gente tiene que recibir salarios precarios"
La posición de Nogui Acosta Jaén dista de alguna manera con la que externó a este medio la jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros Gallo.
"En realidad, el Poder Ejecutivo y la bancada de gobierno no tienen mucho que hacer en ese tema, porque recuerde que al Poder Judicial se le asigna un presupuesto global que el Ministerio de Hacienda le gira, pero debido a la división de poderes, el Poder Judicial decide cómo lo distribuye, cuáles son sus salarios, cuánto le va a dar al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial, a los juzgados, etcétera, los demás servicios que ellos ofrecen. Esa es una decisión interna del Poder Judicial y ellos verán cómo distribuyen sus salarios, según les parezca mejor", destacó la líder de la fracción de la agrupación en el poder el pasado 23 de febrero.
Pero el Ministerio de Hacienda sí aprecia que la propuesta de Kattia Cambronero Aguiluz incidirá en el gasto público.
El proyecto de ley, al que se le asignó el expediente 24.191, cuenta con el apoyo de diputados de cinco de las seis bancadas con representación en la Asamblea Legislativa. Solo el oficialismo no respaldó la propuesta.
La iniciativa en cuestión plantea en su articulado la exclusión del "personal técnico especializado, profesional, policial y jefaturas del Organismo de Investigación Judicial", de las leyes y 9.635 y 10.159.
Además, reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir un inciso que permita al Consejo Superior de la Corte la creación de "beneficios remunerativos" a ese mismo personal, tanto por prohibición como por dedicación exclusiva, lo mismo que porcentajes de hasta 65% para puestos de licenciatura y 20% para bachilleres universitarios o con cuarto año de carrera.
"También podrá crear o incrementar anualidades, así como cualquier otro tipo de remuneración, compensación o incentivo, todo esto ya sea en forma porcentual sobre el salario base o nominal fija para este personal, con el propósito de devolver sus condiciones remunerativas a las que existían con anterioridad a la promulgación de la ley 9,635 para el fortalecimiento de las finanzas públicas", reza el texto.
La iniciativa en cuestión surge como una propuesta para frenar el "éxodo" de especialistas en la Policía Judicial.
Una muestra de ello es que tras la promulgación de la primera de las leyes antes citadas, el 3 de diciembre de 2018, la Policía Judicial registra 238 renuncias de personal que tenía propiedad, así como 75 interinos. Estos representan el 37,3% de las dimisiones que reporta la Dirección de Gestión Humana de la Corte Suprema de Justicia desde entonces y hasta el 12 de enero anterior.