“No he recibido ni un lapicero de una constructora”, dice exasesor sobre caso “Cochinilla”

El exasesor presidencial Camilo Saldarriaga defendió esta tarde ante los diputados su participación en el cuestionado presupuesto extraordinario de 2020 que se investiga en el marco del caso “Cochinilla”.

En una acalorada comparecencia, Saldarriaga aseguró que nunca ha recibido ninguna dádiva o favor de ninguna empresa constructora ni ningún empresario vinculado a estas, que no conoce ni a Mélida Solís ni a Carlos Cerdas y que su nombre aparece en el expediente judicial por tres menciones sobre hechos lícitos.

El economista inició su comparecencia explicando que el millonario hueco presupuestario en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que precisamente pretendía tapar ese presupuesto, no se originó por un acto de corrupción, sino por una reducción en los ingresos fiscales y los recortes presupuestarios que la propia Asamblea Legislativa impulsó.

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“Dicho faltante no tiene relación por los hechos investigados por el OIJ porque esos recursos no llegaron al Conavi y no salieron del Ministerio de Hacienda”, aseguró.

Puntualmente el exasesor, quien renunció a ese cargo desde que su nombre apareció vinculado al escándalo de corrupción en obra pública, dijo que el faltante presupuestario se explicaba en tres hechos: el atraso en la recolección del marchamo 2018, la caída en los ingresos por la reducción al impuesto a combustibles en 2020 y una serie de recortes aprobados por los diputados, como por ejemplo el rebajo al marchamo 2020.

“Usted ha venido a culpar a la Asamblea Legislativa de ese déficit fiscal, ¿es así?”, le cuestionó con molestia el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.

“No señor, lo que he señalado es que esas deficiencias no son producto de corrupción”, dijo.

Saldarriaga, muy esperado por los diputados en esta investigación legislativa, es señalado por supuestamente haber presionado por la aprobación de ese presupuesto extraordinario que le quitó recursos a las obras en la ruta 32 para pagar proyectos a cargo de las constructoras MECO y H. Solís.

“A diferencia de otras personas en el expediente no hay indicios de que yo haya recibido ninguna dádiva o haya tenido relación con empresas constructoras; ¿por qué estoy aquí?, porque Carlos Solís (exgerente de Conavi), con quien si acaso he tenido tres interacciones en toda mi vida, menciona mi participación en dos reuniones y una llamada a propósito de recursos que Hacienda dejó de girar a Conavi, que no giró por los tres motivos mencionados”, añadió.

Esas reuniones, precisó, fueron para servir de enlace entre el MOPT y Hacienda por esa solicitud presupuestaria que finalmente se aceptó.

“No había elementos de juicio para saber que había algo sospechoso en Conavi ni los elementos técnicos para contrariar el criterio financiero de Conavi ni para saber cuáles iban a ser las empresas beneficiadas, tanto ustedes como yo partimos de que era una institución que operaba en el marco de la legalidad”, aseveró.

Sin embargo, los diputados insistieron en que su participación y gestiones en ese trámite presupuestario son cuando menos sospechosas, porque denotan un interés particular más allá de sus funciones como asesor del presidente Carlos Alvarado.

"No le pareció extraña esa insistencia del ministro Méndez Mata por esa aprobación presupuestaria, tanto interés en eso", le cuestionó José María Villalta. 

Era una transferencia ya aprobada por ley. 

¿Pero no se preguntó por qué? Que el ministro se ponga detrás de eso a mí sí me llama mucho la atención.

En tanto que era una trasferencia aprobada por ley, no.

¿Ni preguntó por qué querían usar esos 51 mil millones al filo del año presupuestario?

Partí en todo momento de que era una institución operando en el marco de la legalidad.

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