El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuestionó este viernes el interés político que podría existir detrás de la audiencia que tendrá el próximo lunes ante los diputados de la Asamblea Legislativa.
El jerarca tendrá que rendir un informe de la situación fiscal del país como parte de la obligación legal que el actual Congreso aprobó para él y el presidente del Banco Central.
Sin embargo, lo hará ante el Plenario mediante una exposición de 20 minutos y luego un debate reglado de dos horas, donde los legisladores de todas las fracciones podrán hacerle preguntas.
“Ya me han interpelado dos veces y parece ser que esta va a ser una tercera, y no una exposición del ministro de Hacienda para conocer la situación fiscal del país.
“Yo tenía la expectativa de que fuera una conversación, donde no solo tuviera el ministro la oportunidad de decirle a los diputados cuál ha sido la estrategia fiscal para tener los resultados que tenemos hoy, sino que también una oportunidad para poder darles a ellos una idea de la situación del país y de las consecuencias que tienen las decisiones que toman”, criticó.
Para Acosta, esa forma acordada por las jefaturas de fracción convierte la audiencia en “un tema muy político”.
“Deberíamos basarnos en un análisis de mediano y largo plazo, y no temas puntuales, porque las preguntas posiblemente van a hacer por qué no financió tal cosa, por qué está a favor o en contra de esta otra, cosas que me parece que sesgan esa visión necesaria de la realidad fiscal”, dijo.
El año anterior, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto del liberal Gilberto Campos para obligar al ministro de Hacienda y la cabeza del Central a rendir informes anuales ante el Congreso, esto luego de la polémica solicitud de datos que la autoridad monetaria le planteó a la Sugef y las entidades financieras del país.
Acosta comparecerá este lunes y una semana después será el turno de Róger Madrigal, en el mismo formato.
El ministro de Hacienda insiste en que los tres créditos internacionales "no serían viables" si el Congreso mantiene un traslado del 40% de esos ingresos a la institución encargada de la seguridad social.