Ministra insiste a diputados corregir “Ley Jaguar” y mandarla a referendo

La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, solicitó a los diputados reformar la “Ley Jaguar”, para que esta se centre en un cambio menor en la rectoría de la Contraloría General de la República (CGR), y que luego se vote en referendo.

El pedido lo planteó la tarde de este martes ante la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, en la primera audiencia que se destina a la discusión del expediente 24.467 desde su presentación, el 30 de julio anterior.

La titular pidió al foro que se desentienda de los artículos tres, cuatro y cinco de la propuesta, en el tanto que para conocer los ajustes que requieren, debe esperarse la resolución integral de la Sala Constitucional que los declaró inconstitucionales.

Una vez excluidos esos numerales, la idea del Poder Ejecutivo es que se siga con el trámite de los otros dos ordinales.

El primero consiste en ampliar el ámbito de competencia del órgano auxiliar del Congreso, a las participaciones paritarias del Estado. Mientras que el segundo tiene que ver con que la rectoría de la Contraloría se establezca que esta “no podrá sustituir o abarcar” asuntos exclusivos de la administración pública.

Desde el punto de vista de Fernández, esta última modificación permitirá erradicar la “coadministración” que —según el Gobierno de la República— hace el ente fiscalizador.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elección (TSE) concluyó —al estudiar paralelamente un proyecto idéntico planteado como una iniciativa popular— que ese mismo cambio únicamente viene a “crear una norma que ya existe” y que, en ese tanto, no cumple con los parámetros de razonabilidad técnico-jurídica y de proporcionalidad.

En ese sentido, los magistrados determinaron que autorizar la recolección de firmas para un referendo que únicamente discuta esa variación podría considerarse un uso ineficiente de recursos públicos.

La solicitud efectuada por la ministra únicamente vino a reforzar la ruta que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, trazó para su iniciativa, en un oficio que envió a su homólogo del Parlamento, Rodrigo Arias, el 9 de octubre pasado.

Entre jaguares

Laura Fernández rechazó que, con su petición, el Ejecutivo renuncie de alguna manera al resto de reformas que en un principio se pretendían hacer, como la del numeral 67 de la Ley General de Contratación Pública o al ordinal 5 bis de la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

En sus intervenciones, la ministra insistió en que para saber qué hacer con esas propuestas iba a ser necesario conocer el voto de la Sala Constitucional.

Al respecto, el legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Leslye Bojorges, consultó a la titular si el Gobierno estaba dispuesto a apoyar el expediente 24.259, planteado por su compañera, María Marta Carballo, el cual también propone modificar el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico.

"No es un capricho de que sea esta ley ('Jaguar') o la otra", respondió la jerarca, no sin antes enumerar una serie de acciones de la banca del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que demuestran ese compromiso.

Poco después, Fernández criticó por desactualizado el plan de Ley Nacional para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas Público-Privadas (21.420), que trajo a colación en su interrogatorio la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado.

Esa situación llevó al congresista del Partido Frente Amplio (PFA), Antonio Ortega, a cuestionarle a la ministra si habría una cuarta versión del proyecto (luego de los reveses que sufrieron los dos primeros textos impulsados por el Ejecutivo) y si la iniciativa de la agrupación rojiazul debía considerarse un “jaguarcito”.

"Van a haber los jaguares que tengan que haber", manifestó la titular, para ampliar en urgencia de atender la "coadministración" supuestamente ejercida por la Contraloría.

Esa situación, recalcó la jerarca, ha provocado que las instituciones públicas se distraigan de sus verdaderas funciones para atender los requerimientos del órgano auxiliar de la Asamblea.

Luego, la sesión cayó en una serie de reproches entre Fernández, Ortega, Bojorges y Delgado.

Como cierre, el presidente de la comisión, Diego Vargas, pidió a las partes superar esas diferencias y seguir adelante en la construcción de una iniciativa que sirva para el desarrollo.

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