POR Paulo Villalobos | 30 de agosto de 2024, 18:00 PM

Un grupo de 21 funcionarios y exservidores de la Corte Suprema de Justicia salió en defensa del magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, en medio de la polémica que salpica su deseo de reelegirse por ocho años más.

Mediante un escrito, al que Teletica.com tuvo acceso este viernes, los firmantes denunciaron una “orquestación maligna” para dañar la imagen del alto juez. La veracidad del documento fue confirmada a este medio por dos de las personas que lo suscribieron.

Esto en referencia a un señalamiento por un presunto comportamiento indebido, que le atribuyó el lunes la juzgadora Silvia Elena Arce Meneses en una declaración dada al sitio de noticias Delfino.cr.

La decisora salió a ratificar públicamente que ella era la supuesta víctima de un hecho denunciado tan solo dos días antes por el jurista Mario Rucavado Rodríguez, en un artículo de opinión publicado por ese mismo medio.

Sin aludir directamente a ninguna de estas personas y sin hacer mención del aparente acto de naturaleza sexual, quienes suscriben —juezas, abogados, letrados y técnicas judiciales— resaltaron la trayectoria profesional y la integridad de Sánchez Rodríguez.

El documento subraya que la reelección de un magistrado es un asunto de gran relevancia y que es “inaceptable” que se usen “acusaciones sin sustento” para tratar de impedirla.

"Nos sorprende y preocupa que, justo ahora, en el marco de su reelección, surjan estas imputaciones. Este tipo de actos no solo afectan en lo personal al servidor involucrado, sino que se advierte como un ataque a la institucionalidad", agrega.

Los firmantes, quienes dicen conocer “de primera mano” la conducta profesional y personal de Sánchez Rodríguez, niegan haber percibido o presenciado actitudes que respalden las acusaciones que se le dirigen.

De seguido, hacen un repaso por los puestos que el alto juez ocupó antes de llegar a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Se menciona, por ejemplo, su paso por el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, el Tribunal de Trabajo de Alajuela y el Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ).

"Es lamentable que, a pesar de su impecable trayectoria y dedicación a su cargo, se pretenda ahora empañar su nombre con acusaciones sin fundamento. Nos resulta inaceptable que una voz maliciosa, sin pruebas ni indicios, pueda sembrar la semilla de la duda, como algunas personas legisladoras han manifestado. La Asamblea Legislativa no debería servir como instrumento para alcanzar objetivos tan deleznables.

"Quienes suscribimos damos fe, ante el pueblo de Costa Rica, de que don Luis Porfirio Sánchez Rodríguez es una persona honorable, respetuosa, y dedicada a su trabajo y a su familia. No ahora, sino desde siempre. No podemos guardar silencio ante esta orquestación maligna que solo busca dañar a una persona que no merece enfrentar una situación tan injusta. Su conducta como hijo, esposo, padre y servidor judicial nunca había sido objeto de ataque, porque ha estado ajustada a parámetros de probidad", establece el documento.

El hecho atribuido a Sánchez Rodríguez presuntamente tuvo lugar en el 2000, en el despacho de Arce Meneses, en el sétimo piso de los tribunales de Goicoechea.

Rucavado Rodríguez mencionó en su artículo que, en aquel entonces, la juzgadora estaba interina, mientras que Sánchez Rodríguez había sido nombrado en propiedad y era pariente del entonces magistrado Jorge Rojas Sánchez, lo que explica —razonó el autor— el silencio que ha habido por tantos años.

Ante las acusaciones, el magistrado presentó el martes una querella por difamación. En la misma, Sánchez Rodríguez cuestionó que nunca antes de la recomendación de su reelección se había conocido una denuncia o queja en su contra por supuestas conductas sexuales inapropiadas.

Sobre lo señalado en el pronunciamiento público, Arce Meneses sostuvo a este medio que ella dice la verdad y que se "alegra muchísimo" de que los firmantes "no hayan sido irrespetadas", al tiempo que arremetió contra Sánchez Rodríguez por asuntos relacionados con su desempeño como magistrado.

En la picota

La reelección de Luis Porfirio Sánchez Rodríguez parecía un hecho en la Asamblea Legislativa hasta el pasado lunes.

Tan solo el 14 de agosto, la Comisión Permanente Especial de Nombramientos recomendó su reelección al Plenario y dos semanas más tarde estaba proyectada su votación.

El artículo de opinión de Mario Rucavado Rodríguez y las declaraciones de Silvia Elena Arce Meneses cambiaron aquel panorama: los partidos Progreso Social Democrático (PPSD), Frente Amplio (PFA), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP) anunciaron que votarán contra la continuidad del magistrado.

Apenas este viernes, el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén Salazar, llamó a la fracción verdiblanca a abstenerse de apoyar la reelección de Sánchez Rodríguez.

Mientras que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) todavía no ha entrado a discutir el tema.

El Congreso decidirá el próximo lunes si avala o impide la reelección automática del alto juez. Para bloquear la continuidad de Sánchez Rodríguez, el Parlamento requiere que al menos 38 de sus integrantes voten en contra.

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