POR Juan José Herrera | 5 de diciembre de 2023, 18:59 PM

La junta directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) adjudicó esta tarde el contrato para el cuestionado proyecto del marchamo digital.

Así lo informó la propia institución en un comunicado de prensa en el que, sin embargo, no reveló el nombre de la empresa ganadora.

Según precisó la presidenta ejecutiva, Mónica Araya; la empresa adjudicada, que se impuso entre nueve participantes, se conocerá hasta este miércoles cuando sea publicada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

“La licitación que estamos cerrando nos permitió obtener un mejor costo para el ciudadano, gracias a la alta participación de las empresas”, aseguró la presidente ejecutiva del INS”, dijo Araya.

El contrato adjudicado incluye la compra de 1.900.000 etiquetas: 400.000 para motocicletas y 1.500.000 para vehículos con parabrisas.

“Respecto a la inversión que representa esta etiqueta, algo muy importante es que, al iniciar el proyecto, el INS realizó un estudio de mercado con empresas proveedoras de esta tecnología, que podrían constituirse en potenciales oferentes y el precio rondaba los ₡2.000 por sticker, la licitación que estamos cerrando nos permitió obtener un mejor costo para el ciudadano, gracias a la alta participación de las empresas”, añadió la jerarca.

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Araya precisó que el acuerdo en firme será notificado mañana, pero los oferentes tienen ocho días para apelar y luego la Contraloría General deberá resolver los recursos que eventualmente puedan ser interpuestos.

Superado ese proceso, se realizaría el refrendo.

El marchamo digital busca reemplazar el procedimiento actual por uno digital, para que en lugar de reemplazar el sticker todos los años, esta tenga una vigencia de hasta 10 años.

Para ese fin, estas nuevas etiquetas tendrán una tecnología de radiofrecuencia.

El INS precisó que ese chip no monitorea, ni cuenta con GPS; tampoco tiene capacidad de leer o transmitir información a largas distancias y menos almacenar esa información.

“Es falso que se trate de tecnología invasiva y que se trasferirán datos entre instituciones. Es falso que con este sistema podremos conocer la ubicación exacta del ciudadano en todo momento o al transitar por las vías públicas”, añadió el INS.

Por esas dudas diferentes ciudadanos presentaron recursos de amparo ante la Sala Constitucional, los cuales fueron declarados todos sin lugar.