El Gobierno desconvocó y convocó ayer a las sesiones extraordinarias el proyecto 22.365 con el objetivo de agregarle un único transitorio, que aumentaría por dos años el impuesto a las rentas de capital.
La propuesta se incluye dentro de la llamada Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal, que además gravaría los rendimientos de las pensiones.
El proyecto, que había sido presentado el año anterior, incluye también eliminar la exoneración de renta al salario escolar y un incremento al impuesto de las remesas al exterior, todo como parte de las profundas reformas que se presentarán al Fondo Monetario Internacional para alcanzar ese crédito por $1.750 millones.
La intención del Gobierno con ese transitorio es que las rentas y ganancias de capital dejen de aportar un 15% como sucede actualmente y en su lugar se cobre un 16,5% pero solo durante los primeros dos años después de la entrada en vigencia de la ley, precisamente los más críticos en la meta de alcanzar un superávit primario para 2023.
La imposición a las ganancias de los fondos de pensiones complementarias, voluntarias y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), se mantuvo en 7,5%.
La intención del Ejecutivo ha sido ampliamente adversada por diferentes sectores, incluida la propia Superintendencia de Pensiones, que advirtió que esto golpearía los regímenes y afectaría a los futuros pensionados.
De igual forma, los sectores productivos han advertido que el aumento al impuesto de renta tampoco ayudará en nada a la promesa de reactivación económica, menos aún en medio de la crisis sanitaria y económica que ha traído la pandemia.
El proyecto ya está en la Asamblea Legislativa y ahora será tarea de los diputados decidir qué sucederá con esta iniciativa y el resto de la llamada “agenda FMI”, aunque todo apunta a que la intención en Cuesta de Moras es que el proyecto de empleo público sea el primero en aprobarse.