Gobierno y Poder Judicial chocan ahora por resolución de juez sobre pulpería en cárcel de Limón

El Gobierno de Rodrigo Chaves y el Poder Judicial volvieron a chocar, este miércoles, en medio de la conferencia semanal del Ejecutivo, pero ahora por la resolución de un juez de ejecución de la pena en Limón.

En ese espacio, Chaves y el ministro de Justicia, Gerald Campos, arremetieron contra la resolución que tomó el juez Wilbert Granados Monge de anular la circular que las autoridades de Justicia giraron en la cárcel de esa provincia, en la que se regulaba la operación de los llamados “comisariatos”, pulperías que operan dentro de las prisiones y que son operadas por los propios privados de libertad.

“Empezamos a regularlo y pusimos una circular para decir qué se podía vender ahí, resulta que los privados de libertad de Limón se quejan, van ante el juez de ejecución de la pena de Limón, con el apoyo de la directora de la cárcel de Limón, en total desacato a las directrices que habíamos enviado y diciendo más o menos pobrecitos, estamos afectando a los privados de libertad.

“Entonces este juez de ejecución, de nombre Wilbert Felipe Granados Monge, el 20 de noviembre de este año les da la razón a los privados de libertad y ordena que suspendamos el efecto de esa circular que pusimos para poner orden, diciendo que es un retroceso para el sistema penitenciario, que no se puede limitar a los privados de libertad para que adquieran lo que quieran, que eso afecta el principio de inserción, que afecta el derecho al trabajo y que Limón está en una zona de más de 33 grados”, cuestionó Gerald.

El jerarca y el mandatario fueron más allá y cuestionaron la probidad del juez y esa decisión, y aseguraron que, por ello, ya lo denunciaron ante el Ministerio Público y la propia Inspección Judicial.

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“Señor juez, usted nos amenazó con abrirnos un expediente penal por desobediencia si no cumplimos; no no, ayer a usted lo denunciamos por abuso de autoridad ante el Ministerio Público y ya la denuncia está presentada.

“También una denuncia ante la Inspección Judicial contra él por lo que consideramos una conducta irregular en favor de actividades que propician la criminalidad”, añadió Campos.

El ministro también criticó que no se les dio audiencia para justificar esa directriz.

​Diferente

Al respecto, el Poder Judicial, mediante su oficina de comunicación, indicó que consultó a la Inspección Judicial y que, hasta este miércoles, esa denuncia no había ingresado.

También afirmó que, previo a resolver, el juzgado confirió la audiencia que dispone la ley al Ministerio Público y este órgano no se opuso.

Pero, además, insistió en que la resolución se apegó al derecho.

“Al resolver un incidente de queja presentado por personas privadas de libertad, se razonó que la prohibición carecía de criterio técnico y, por el contrario, podía establecer a lo interno del centro desigualdades en el acceso de esos productos. Sin criterio técnico alguno se limitó a la población de los privados de libertad acceso a varios artículos que no implican un riesgo para la salud o para la misma convivencia, además resultan contrarios a la proporcionalidad y violentan los derechos humanos”, dijo.

El Poder Judicial cuestionó, además, que la circular prohibió la comercialización de esos productos dentro del centro penitenciario, pero no su circulación o ingreso.

“De acuerdo con lo resuelto, estas restricciones impuestas por la circular resultan desproporcionadas y no están fundamentadas, ya que no son congruentes, debido a que, por un lado, limita la comercialización dentro del centro penal de varios productos, y, por otro lado, no prohíbe el ingreso, ni la tenencia de los mismos por parte de la población privada de libertad, situación que podría generar a futuro un tipo de comercio, entre los privados de libertad, ya que eventualmente una parte de la población podría tener acceso a estos productos (vía encomienda o visita), y los pueden comenzar a comercializar, generando desigualdad de condiciones, especialmente para aquellas personas sentenciadas que no reciben visitas o que no cuentan con otros medios para acceder a productos que antes les eran permitidos”, dijo.

Afirmó que restringir productos como aquellos de aseo personal, higiene y medicamentos contradice el principio de igualdad ante la ley, ya que no toma en cuenta las condiciones particulares de cada centro y las necesidades básicas de los internos, como la adaptación a climas extremos, y por ende condiciona la estancia dentro del centro penal de cada persona sentenciada de manera digna.

Chaves ordenó a Gerald Campos que cerrara esa pulpería, pues dijo no hay ninguna competencia que obligue al Estado a pagar la electricidad de refrigeradoras y otros equipos que hay en esos lugares.

“Usted, señor juez, avergüenza al Poder Judicial y al pueblo de Costa Rica, porque lo que le está diciendo al Ministerio de Justicia es sígale permitiendo a grupos reducidos que mantengan negocios privados vendiendo con refrigeradoras dentro de la cárcel, ¿y pagan electricidad? No, lo paga el Ministerio de Justicia.

“¿Hay algo que faculte al Estado a darle edificio, electricidad, agua a un negocio privado dentro de un centro privado? Usted (Campos) está en responsabilidad de cerrar eso porque no hay competencia para que usted pague electricidad para que tengan refrigeradoras ahí”, finalizó.