Cinco meses después de que el presidente Rodrigo Chaves y el Consejo de Gobierno anunciaran la decisión de denunciar penalmente a varios representantes de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los exdirectivos siguen sin ser notificados de esa causa.
El pasado 7 de diciembre Chaves aseguró, en conferencia de prensa, que acusaría a los funcionarios de nombramiento ilegal y conflicto de interés en relación con la contratación del director jurídico como gerente administrativo y el aumento salarial aprobado el año pasado en esa institución.
En esa lista figuraban Jorge Arturo Hernández y Maritza Jiménez, quienes aseguran que siguen sin ser notificados por ninguna de las causas y sostienen que su suspensión fue injustificada.
“Yo creo que causa justificada no había. Fuimos suspendidos por tener criterios diferentes a los que se querían imponer en ese momento. Uno de los criterios y de los puntos de discusión fue el aumento de salario, la gestión y la insistencia nuestra de llegar a un acuerdo con el Gobierno para pactar pagos, aunque fueran parciales”, dijo Jiménez en audiencia con los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos.
“No tengo idea de las causas, que para mí son totalmente injustificadas”, reforzó Hernández.
Los dos sostuvieron, igual que lo han hecho los demás exdirectivos, que la Caja no está quebrada ni en riesgo, como ha defendido la actual administración, por lo que también dudan de las motivaciones que pueda tener el Ejecutivo.
Para los diputados de oposición, sin embargo, esas razones parecen más claras.
“Aquí hemos tenido a miembros suspendidos de la junta directiva anterior de diferentes sectores: sindicalista, solidarista, patronal, de las cámaras, cooperativas y todos coinciden en que no está en quiebra la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo llego a la conclusión de que a esa junta la suspendieron por razones políticas y porque la agenda es la ruta de la privatización de la Caja y ustedes, de alguna manera, incomodaron con eso”, aseveró la frenteamplista Sofía Guillén.
“Queda claro que ustedes eran un peligro público y que a hoy, tanto que hablaron, ni siquiera se han animado a acusarlos penalmente, porque no tienen con qué, es desacreditar a la institución”, añadió el liberacionista Francisco Nicolás.
La oficialista Ada Acuña defendió que el interés del Ejecutivo no es ni será esa privatización, sino la transparencia de sus procesos.
“Aquí no hay ningún interés de privatizar la Caja, hay un interés de limpiar y transparentar los procesos y todo lo que tenga que ver con el trabajo para dar una mejor calidad a los costarricenses, eso sí es urgente”, dijo la legisladora.
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