El magistrado Porfirio Sánchez fue reelegido este lunes en su cargo por los próximos ocho años.
Lo anterior a pesar de que 25 diputados se mostraron en contra de su continuidad en el puesto. Otros 25 se pronunciaron a favor.
Para bloquear la reelección automática del alto juez eran necesarios 38 votos, según lo dispone el artículo 158 de la Constitución Política.
La determinación de la Asamblea Legislativa acata la recomendación hecha el 17 de agosto por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos. La misma se sustentaba en la trayectoria y el desempeño de Sánchez.
Sin embargo, tres días más tarde, un artículo de opinión publicado por el abogado Mario Rucavado en el sitio de noticias Delfino.cr, reveló un supuesto comportamiento sexual indebido de parte del alto juez.
El hecho presuntamente ocurrió en el 2000, en el despacho de la juzgadora Silvia Arce, en el sétimo piso de los tribunales de Goicoechea, según confirmó esta misma en una publicación hecha por ese medio de comunicación seis días más tarde.
Sánchez rechazó los señalamientos y los calificó de “absolutamente falsos”. También querelló a Rucavado y a Arce por una aparente difamación. Asimismo, se comprometió ante el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, a renunciar a su inmunidad y a la prescripción de la acción penal, si Arce lo denuncia formalmente.
“Ha sido una conspiración para atacar, no solo la persona de un magistrado honorable, sino también a los afectos de atacar a la Comisión de Nombramientos de una manera injusta y torcida”, indicó la congresista independiente Gloria Navas.
Por su parte, el parlamentario del Partido Frente Amplio (PFA), Jonathan Acuña, manifestó: “Sí, no nos corresponde a nosotros realizar un juzgamiento en términos jurídicos estrictos. No. Sí que nos corresponde, y les hago un llamado a pensar en eso, en velar por la legitimidad del Poder Judicial, porque flaco favor hacen si pasan por encima de señalamientos de esa naturaleza y legitiman”.
Entretanto, la jefa del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, llamó a Sánchez un “incapaz” por su desempeño como presidente de la Sala Segunda de la Corte.
Por su parte, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Andrés Robles, defendió que la mora judicial por la que se le responsabilizó responde al sistema.
La juramentación de Sánchez se fijó para el 9 de setiembre.
Porfirio Sánchez inició su carrera en la Corte Suprema de Justicia en 1993, como auxiliar y prosecretaria del Juzgado Mixto de Goicoechea. Luego se desempeñó como juez en distintas jurisdicciones.
En 2004, fue nombrado coordinador del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José.
En ese año también fue nombrado integrante de la Comisión de la Jurisdicción Laboral y de la Comisión de Relaciones Interpersonales del Poder Judicial, así como vocal primero de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).
Llegó a la Sección Civil y de Trabajo de Tribunal Superior de Alajuela en 2010 y en cuestión de dos años se convirtió en su coordinador.
En 2015, fue nombrado presidente del Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ), órgano disciplinario de la Corte.
Un año más tarde, fue electo magistrado de la Sala Segunda por la Asamblea Legislativa, que ahora avaló su continuidad.
Desde la cúpula del Poder Judicial ha coordinado las comisiones de Ética y Valores, de Régimen Disciplinario, así como del nuevo Código de Ética, entre otras.
En 2018, recibió un certificado de Mérito Judicial por 25 años de servicio prestados sin sanción alguna.