Decreto del Gobierno sobre redes 5G aumentaría tarifas hasta en 40%, dice estudio de UNA

El decreto sobre ciberseguridad que presentó el Gobierno de Rodrigo Chaves para el desarrollo de las redes 5G en el país aumentaría hasta en un 40% las tarifas de Internet y telefonía móvil que hoy pagan todos los usuarios de Costa Rica.

Esa es la principal conclusión de un estudio realizado por economistas del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (CINPE – UNA) y presentado ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.

Ese análisis evaluó cómo impactaría la decisión del Ejecutivo de excluir de esos desarrollos a las empresas de países no firmantes del Convenio de Budapest sobre ciberseguridad, una decisión que, entre otras, excluiría a China y sus fabricantes.

“Detectamos tres impactos: la reducción de la competencia traería aumento en tarifas; la reducción de alternativas que podrían afectar la calidad de las alternativas y la trayectoria de tecnología, porque al asumir una alternativa hay que casarse para la 5, 6 y posteriores generaciones”, dijo Leiner Vargas, coordinador del Área de Regulación y Políticas Públicas del CINPE.

Vargas aseguró que, si se mantiene la decisión de excluir a los fabricantes asiáticos, el país tendría que desarrollar toda la infraestructura de la 5G prácticamente desde cero, pues las tecnologías actuales son propiedad, en buena parte, de Huawei, una firma china.

“Si excluimos a operadores asiáticos, el efecto neto es que tenemos que construir un canal nuevo, un nuevo proyecto que involucra no solo construir la 5G, sino reconstruir la 3G y 4G, porque además, por las normas de seguridad que ese están estableciendo como requisito, no se cumpliría con lo que hay”, dijo.

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Así, el CINPE analizó un modelo de costos bajo ambas premisas y determinó que, sin esa restricción, el costo operativo de la tecnología 5G para los actuales y futuros operadores sería de alrededor de $153 millones, mientras que con el decreto esa cifra se elevaría a $215 millones.

“Estamos hablando de un incremento de hasta 40% de los diferentes servicios de Internet, telefonía móvil, prepago, postpago, etcétera (…) Pero un incremento en los costos, y por lo tanto en las tarifas, también lleva a una exclusión importante de los usuarios en los diferentes servicios asociados a las telecomunicaciones”, advirtió Marco Otoya, académico del CINPE.

A favor

Pero no todos están en contra de esa propuesta del Ejecutivo.

También ante los diputados, el presidente de la Asociación Costarricense de Telecomunicaciones del ICE, Sergio Ortiz, afirmó que para esa entidad la exclusión de China sería positiva, pero no por las razones que defiende el Gobierno.

“El decreto ha creado dos universos paralelos: el externo que habla de una barrera política a las empresas chinas que afectaría la neutralidad tecnológica en el país, y otro a lo interno del ICE, que favorecería esa neutralidad porque pondría frenar a casos de corrupción por la dependencia del ICE con empresas como Huawei, que ejercen prácticamente un monopolio en la red del ICE porque posee presencia en ocho de los 10 componentes más importantes de telecomunicaciones del ICE”, aseveró.

Ortiz insistió en que 80% o más de los equipos de Telecomunicaciones del ICE son de Huawei y que esa “dependencia casi única” con el gigante chino “ha traído pérdidas multimillonarias para el ICE y ganancias multimillonarias para Huawei”, por lo que, “irónicamente”, el decreto frenaría esa relación “ruinosa”.

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El funcionario incluso aportó pruebas a la comisión sobre supuestos beneficios indebidos del ICE para Huawei, sospechas de malversaciones de fondos, multas al fabricante chino que se pagaron con equipos y que acabaron en más y mejores negocios para la empresa, entre otros.

“Lo más lamentable de todos estos casos es que se vienen investigando desde hace muchos años y no existe ninguna sanción de tipo administrativa, civil o penal a funcionario alguno en el ICE y hay posibles responsables que se fueron pensionados con todo lo de ley.

“Lo lamentable e irónico de un gobierno que vino supuestamente a luchar contra la corrupción, es que en la administración actual del ICE se le ha dado poder a posibles implicados en estos casos”, aseveró.

Ortiz pidió a los diputados investigar esos contratos dentro de la institución, pues aseguró que es un caso muchísimo más grande que el de Sinart o el de “Cochinilla”.

Repase aquí la comparecencia: