La Contraloría General de la República (CGR) aclaró, este miércoles, que la adjudicación de nueve de las 10 áreas de salud incluidas en la millonaria licitación que hoy investiga el Ministerio Público están en firme.
Esa afirmación desmiente los pronunciamientos que el presidente Rodrigo Chaves, la ministra Laura Fernández y la diputada oficialista, Pilar Cisneros, han utilizado para cuestionar la labor de la Fiscalía en el caso.
Puntualmente, el ente contralor precisó que nunca revisó toda la licitación, sino únicamente las objeciones que el cartel recibió.
En ese punto, explicó, el único recurso de apelación que actualmente tramita es el de la partida #3, referente al Área de Salud San Francisco - San Antonio.
“Esta es la única adjudicación que se apeló, pues es la única partida en la que participaron dos empresas oferentes, en las demás solo participó un oferente. Es falso indicar que toda esta licitación no está en firme.
“No es correcto afirmar que toda la licitación está en revisión en la CGR. En las otras partidas adjudicadas no se presentaron recursos de apelación ante la Contraloría”, precisó la autoridad.
El lunes anterior, la ministra Fernández fue la primera en asegurar que la contratación no estaba en firme.
“La adjudicación del contrato ni siquiera está en firme, apenas está en revisión de la Contraloría y no se ha pagado ni un solo colón”, dijo.
Este miércoles, el turno fue del presidente Chaves.
“Esa contratación no está en firme, la Contraloría General de la República está revisando una apelación que no tiene respuesta”, dijo en medio de una amplia defensa de la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, una de las ocho personas imputadas en la investigación.
La Contraloría explicó que todas las demás líneas de esa licitación están en firme y que, incluso, las empresas adjudicadas ya entregaron la garantía de cumplimiento.
¿Por qué?
La licitación investigada, que adjudica a cooperativas la administración de esas 10 áreas de salud, es por un monto total de ₡616.178 millones.
En la orden de allanamiento del caso, policialmente bautizado como “Barrenador”, la Fiscalía menciona que logró establecer “en grado probable una serie de actos irregulares en torno al interés evidenciado” por parte de la Junta Directiva (de la CCSS) “para ejercer control” sobre la compra de servicios para el primer nivel de atención en salud.
Esto “con la finalidad de que se elabore un cartel que satisfaga los intereses de los oferentes, y además, forzar resultados distintos a los criterios técnicos en aras de dar una apariencia de legalidad a lo actuado, al apartarse del principio de menor costo y adjudicar a los oferentes sobre precios excesivos, lo cual deviene contrario al resguardo del interés público”.
Esa adjudicación generaría, según estimó el fiscal general, Carlo Díaz, un sobreprecio de ₡12.400 millones anuales.
La Caja de Seguro Social, en su momento, defendió el procedimiento en cuestión y aseguró que el mismo incluso contempló los descuentos ofrecidos por varios proveedores interesados, los cuales llegaron a los ₡270 millones. Los últimos, en cambio, sostienen que superaron la licitación de forma transparente.
Este miércoles, el presidente Chaves aseguró que esos contratos defienden la atención de casi 600 mil usuarios que dependen de esos 138 Ebáis y 10 áreas de salud incluidos en la investigación.
Aseguró, además, que hay “cuestionamientos técnicos seriecísimos” sobre esos sobreprecios y que “hay gente” que demuestra que si ya se hubiera adjudicado esa contratación “la CCSS tendría muchísimos ahorros”.