Política
Solicitud de datos personales del Banco Central se asemeja a UPAD, afirma experto
“Para matar una mosca no están pidiendo un matamoscas, están pidiendo una bazuca”, aseguró el abogado especialista en datos personales, Mauricio París.
El Banco Central de Costa Rica insistió, este viernes, en que la información confidencial de los deudores del sistema financiero nacional que le exige a la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) es necesaria para realizar análisis estadístico.
Lo hizo luego de la polémica que suscitó la noticia de que la entidad denunció penalmente a la superintendente de entidades financieras, Rocío Aguilar, por negarse a compartir esa información.
En un comunicado de prensa, el Central aseguró que esa solicitud “responde a la necesidad de generar nuevas estadísticas crediticias”, entre ellas el riesgo financiero de los créditos otorgados a personas ubicadas en zonas susceptibles a fenómenos asociados al cambio climático y el nivel de endeudamiento de los hogares para mejorar la comprensión de los efectos de la política monetaria.
“El proceso de unificar bases de datos que contienen información financiera y las variables antes mencionadas requiere, necesariamente, del número de identificación (cédula física, jurídica, Dimex, entre otros), ya que es la variable que permite relacionarlas.
“Así, desde el punto de vista estadístico y únicamente para elaboración de datos agregados (es decir, presentación de la información agrupada y sin posibilidad de identificar datos particulares de individuos o de empresas), se puede clasificar la información crediticia por variables tales como la ubicación geográfica, la actividad económica, o si el crédito fue otorgado a familias o a empresas”, afirmó la entidad.
Añadió que con la información recibida hasta ahora es imposible obtener las clasificaciones y agrupaciones mencionadas.
Sin embargo, cada vez son más las voces que defienden la negativa de la SUGEF a ese traslado y que cuestionan el interés del Central por obtener esa información.
“La información solicitada por el BCCR corresponde a datos personales tutelados por el artículo 24 de la Constitución Política (derecho a la intimidad, derecho a la autodeterminación informativa, inviolabilidad de documentos privados), y en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley N°8968. Se trata de datos que son personales, de carácter privado y confidenciales, son datos que no pertenecen ni a las entidades financieras ni a la SUGEF”, cuestionó el jefe del PUSC, Alejandro Pacheco.
De la misma forma, la Asociación Bancaria Costarricenses, la Uccaep, y el abogado especialista en datos personales, Mauricio París, son algunos de los que han defendido que el Central se extralimitó en esa solicitud y que esos datos no deben salir de la SUGEF.
Mientras tanto, el Central añadió que cuenta con “amplia experiencia” en la recolección y resguardo de información de los agentes económicos y que está facultado por ley para solicitar datos de entes públicos y privados que permitan la generación de estadística, pero también obligado a mantener la confidencialidad de la información recibida.
Con el caso judicializado, será un tribunal el que determine quién tiene la razón en esta disputa.