La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) respaldó este viernes la negativa de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de entregarle al Banco Central información sensible de los deudores del país.
En un comunicado de prensa, la ABC aseguró que tanto el departamento legal de la Sugef como la Procuraduría General de la República emitieron criterios correctos al negarse a trasladar esa información, amparados además en la Constitución Política y la propia Ley Orgánica del Banco Central.
“Estos artículos establecen de manera categórica que la información privada de los costarricenses respecto a sus operaciones bancarias y situación patrimonial es confidencial y no puede ser compartida sin consentimiento informado, orden judicial o norma especial” aseveró Mario Gómez, asesor legal de la ABC.
Video: Mario Gómez, asesor legal de la ABC
La Asociación reconoció que, aunque el Banco Central necesita información para generar estadísticas económicas, esta debe ser agregada y anónima y siempre respetando la privacidad e intimidad de las personas.
“No hay una necesidad estadística que justifique la violación de la confidencialidad de la información.
“El requerimiento de información confidencial por parte del Banco Central pareciera convertirse en una práctica recurrente; ya que, recientemente, mediante una modificación del Reglamento del Sistema de Pagos, también está exigiendo a las entidades financieras que le entreguen la información de las transacciones cambiarias que realizan los clientes; incluyendo nombre, número de cédula y montos de todas las personas físicas y jurídicas que compran divisas sin justificar el propósito de esa solicitud ni la base legal que la respalda”, añadió.
Según dijo la entidad, en diferentes reuniones con el presidente y la gerente general del Central han advertido que esa solicitud es ilegal y que si el Banco Central requiere información para efectos estadísticos o de análisis técnico, las entidades pueden entregar información agregada que sirva para esos propósitos, resguardando así el secreto bancario, la confidencialidad de la información y la seguridad de las personas y respetando la Constitución Política y la Ley.
Para Gómez, la situación que está provocando el Banco Central con ese tipo de requerimientos y las vías legales que acciona para obtenerlas genera “una seria y profunda preocupación”; siendo lo procedente utilizar otras vías del ordenamiento jurídico para aclarar cualquier diferencia de criterio o resolver conflictos de competencia entre entes de la administración pública.
“Sin lugar a dudas, la ruta seleccionada por la Autoridad Monetaria afecta la imagen y credibilidad de los órganos que regulan el Sistema Financiero Nacional y del propio Banco Central”, añadió.
Precisamente, la Sugef informó ayer que la superintendente Rocío Aguilar fue denunciada penalmente por la gerente general del Central alegando el presunto delito de desobediencia a la autoridad, pues esta se negó a finales del año pasado al traslado de esa información.