La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó este jueves el expediente 24.191, que busca la exclusión de una gran mayoría de funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de las restricciones salariales que trajeron la Ley de Empleo Público y la reforma fiscal.
Lo hizo poco después de aprobar un texto sustitutivo y en medio de la férrea oposición de la oficialista Pilar Cisneros, quien insistió en que la propuesta es discriminatoria y provocará daños económicos a lo interno del Poder Judicial.
“Acaso es solo el OIJ el que está en esta lucha, está Fuerza Pública, Ministerio Público, ICD, Migración, Fronteras, hay muchísimos cuerpos policiales que están comprometidos con la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico y es absolutamente discriminatorio darle a unos sí y a otros no”, dijo.
La cuestionada propuesta de la liberal Kattia Cambronero responde a la queja del OIJ sobre la fuga de personal crítico que vive desde 2019, cuando entraron a regir las limitaciones salariales de la reforma fiscal y posteriormente, también, las de la Ley Marco de Empleo Público.
En ese sentido, la propuesta dictaminada establece que, en el caso de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, las restricciones salariales ahí dispuestas no aplicarán “para el personal técnico especializado, profesional, policial y jefaturas del Organismo de Investigación Judicial, salvo en lo referente al Capítulo VI de Evaluación del Desempeño”.
“Por tanto, la regulación remunerativa de este personal, para todos los efectos, se regirá tanto por las disposiciones administrativas adoptadas por la jerarquía del Poder Judicial, como por la legislación vigente, ambas en las condiciones existentes antes de la promulgación de la Ley N.° 9635. Sin embargo, esto no autoriza la creación de nuevos incentivos salariales ni el cambio en la naturaleza de aquellos reconocidos antes de la promulgación de las Leyes N.° 9635 y N.° 10159”, precisa el texto aprobado.
El proyecto también adiciona un inciso al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para precisar que “el reconocimiento de los beneficios remunerativos al personal técnico especializado, profesional, policial y jefaturas del Organismo de Investigación Judicial”, que establece un 65% por concepto de prohibición, 55% por dedicación exclusiva, 55% para puestos de licenciatura y superior y del 20% para quienes sean bachilleres universitarios o hayan aprobado el cuarto año de la respectiva carrera y ocupen un puesto en el que este pago proceda.
Finalmente, reforma la Ley Marco de Empleo Público para aclarar que están excluidos de sus restricciones salariales “el personal técnico especializado, profesional, policial y jefaturas del Organismo de Investigación Judicial”.
Todos esos cambios apuntan a detener la fuga de personas crítica que el director del OIJ, Rándall Zúñiga, denunció meses atrás, movimientos que amenazan la operatividad del organismo en momentos donde una crisis de inseguridad histórica golpea al país.
Si bien la reforma es explícita en que estos cambios no aplicarán para los puestos incluidos en los grupos ocupacionales de apoyo administrativo, auxiliares y asistenciales, Zúñiga ya había reconocido a este medio que entre un 80% y 85% del personal del organismo es técnico y especializado.
“El diálogo con el Poder Ejecutivo en este momento no existe y no podemos ser ciegos con el marco institucional de Costa Rica, la pauta tiene que fijarla la Asamblea Legislativa, tenemos que estar alerta en lo que está sucediendo y no podemos confiar en la palabra del Poder Ejecutivo, es un ataque constante, al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, de tal manera que hay tomar las riendas de esto”, añadió la independiente Gloria Navas.
La propuesta, que se someterá a consulta de diferentes instituciones y que además tendrá una mesa de discusión técnica el próximo jueves, ha sido ampliamente cuestionada por el Poder Ejecutivo.
Incluso, el presidente Chaves advirtió a los diputados, en marzo anterior, que si la reforma se aprueba la vetará.
“Se los advierto de una vez, consigan los 38 votos, porque la voy a vetar junto con la ministra de Planificación, porque ya eso es abuso, sacar al OIJ, ni siquiera a todo el Poder Judicial, al OIJ”, aseveró el mandatario.