Con el voto unánime de 43 legisladores, este jueves se aprobó en primer debate el expediente 21.621, que permitirá a las autoridades destruir las pistas de aterrizaje ilegales en el país.
La iniciativa de la diputada independiente Zoila Rosa Volio fue dictaminada desde marzo anterior, pero su discusión había quedado relegada en medio de la pandemia del COVID-19.
Hoy, con la aprobación de una última moción, los legisladores dieron el visto bueno a esta propuesta que precisamente busca combatir el narcotráfico en el país.
El proyecto obliga a los dueños de las propiedades donde se encuentren este tipo de pistas a demostrar su legalidad en un plazo máximo de 10 días luego de la notificación; caso contrario, las autoridades solicitarían a un juez la orden de ingreso y se procedería a la inhabilitación, destrucción o demolición de la misma.
Ignorar esa respuesta podría acarrear, además, procesos de orden penal.
La iniciativa establece que si esa legalidad no se prueba las autoridades de Seguridad Pública y Aviación Civil serán las encargadas de la inhabilitación o destrucción de la pista.
Para este último camino el proyecto propone la siembra de árboles, el movimiento de tierra con maquinaria o, en caso último, el uso de dinamita.
La iniciativa recibió el visto bueno de las municipalidades, Fuerza Pública y Aviación Civil.
Según los legisladores, en el país actualmente hay identificadas 141 pistas clandestinas, la mayoría vinculadas a temas de narcotráfico o trasiego de dinero.
La única modificación realizada hoy al texto dictaminado fue una moción del frenteamplista José María Villalta, quien solicitó dejar a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) fuera del proyecto, pues a esta se le ordenaba la función de realizar reconocimientos permanentes en el territorio nacional en busca de estas estructuras.
Villalta aseguró que ya esa dirección tiene muchas funciones como para añadirle otra. Su criterio fue respaldado por la mayoría del Plenario.
El próximo martes este expediente se votaría en segundo debate.