El expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, cuestionó la forma en que la Junta Directiva de esa institución adjudicó la tercerización de 138 Ebáis y 10 áreas de salud a cuatro cooperativas y una asociación.
Lo hizo ante la comisión especial que investiga las presuntas irregularidades en la Caja, entre ellas esas millonarias adjudicaciones que derivaron en la investigación judicial del caso “Barrenador”.
Ramos insistió en que los directivos decidieron “desoír” los criterios técnicos que advirtieron sobre esa adjudicación y en su lugar se enfocaron en un único estudio que lo respaldó.
“Me causó perplejidad ver que el criterio jurídico se oponía, el criterio de la Gerencia Logística se oponía, el criterio de la Gerencia se oponía, o sea, cuando todas estas líneas de defensa se están oponiendo tenés que tener muchísimo cuidado como Junta Directiva de decir: 'No voy a hacerle caso a estas instancias técnicas', eso resulta bastante inusual.
“Cuando uno ve una Junta Directiva que con tanta voluntad quiere desoír sus líneas de defensa, bueno, aténgase a las consecuencias y ya las consecuencias se dieron: entró la Fiscalía y el OIJ, a mi juicio, correctamente, porque esta no es la dinámica usual”, aseveró.
Ramos, quien comandó esa institución de mayo de 2022 a setiembre de ese mismo año, cuando fue destituido por el Consejo de Gobierno liderado por Rodrigo Chaves, insistió en que esa decisión, además, se tomó sin que existiera el debido cuórum y la participación del componente social en la Junta Directiva.
“Esa decisión se tomó en ausencia del sector social, esto no es un buen precedente, porque aunque estén en desacuerdo una decisión de esta magnitud, nunca se debió haber tomado en completa ausencia de uno de los sectores, ese es otro tema que pesa mucho en la legitimidad política de un proceso”, añadió.
Pero la principal crítica de Ramos es la derogatoria que recibió el reglamento de tercerización, que precisamente era el que originaba los cuestionamientos de legalidad a esa adjudicación.
“El conflicto que había a nivel contractual tenía que ver con la forma en que el contrato de las cooperativas se apegaba o no al reglamento de tercerización, pero ese reglamento fue derogado en marzo de 2023. Esta derogatoria me causó bastante sorpresa porque de alguna manera va a contrapelo del espíritu de lo que me había indicado la señora contralora.
“Piénselo por un minuto, si la lógica siempre es mejor que la Junta Directiva reglamente para de alguna manera enmarcar el proceso de adjudicación, lo que procedía si había algún tema con el reglamento era modernizarlo, modificarlo, reformarlo, pero no derogarlo, porque entonces perdés el marco que te protege a la hora de tomar una decisión en la Junta Directiva de adjudicar, que se supone que es lo que no debes estar haciendo desde el punto de vista de gobernanza moderna”, dijo.
Ramos también añadió que esa decisión la tomó una Junta Directiva que nombró el gobierno de Chaves y que él calificó como “espuria”, pues la propia Sala Constitucional luego ordenó destituirla y reintegrar a los miembros que fueron destituidos en diciembre de 2022 por orden del Consejo de Gobierno.
Pese a que la junta directiva acordó desde marzo pasado acoger la orden de la Contraloría, la dirección administrativa sigue esperando que la nulidad de esa acción de personal quede en firme para iniciar con la recuperación de esos dineros.
El oficialista Daniel Vargas respondió a Ramos diciéndole que fue la propia Auditoría de la CCSS la que recomendó la derogatoria y no la Junta Directiva, pero el expresidente insistió en que esa recomendación nunca pasó por desaparecerlo, sino modificarlo o adaptarlo.
La comisión especial no solo investiga este tema, sino otros más generales como la deuda del Estado con la institución, su salud financiera, su cartera de inversión o el atropellado proyecto para construir un nuevo hospital en Cartago.