Trabajadores cierran portones de sedes de la UCR para exigir ajustes por costo de la vida

Un grupo de trabajadores cerró los portones de las sedes de la Universidad de Costa Rica (UCR) para exigir un ajuste salarial que reconozca el incremento en el costo de la vida.

Esto como parte de una medida de presión que se puso en marcha a las 3:00 a.m. de este lunes, confirmó a Teletica.com la oficina de prensa del centro educativo y el secretario general del Sindicato de Empleados (Sindeu), Hárold Chavarría.

Se prevé que esta determinación se mantenga hasta que se alcance un acuerdo con la Rectoría.

La medida impide el ingreso de carros a todos los campus de la casa de enseñanza, incluidas las tres fincas en San Pedro de Montes de Oca, además de las sedes de San Ramón, Turrialba Liberia, Santa Cruz, Puntarenas, Golfito y Limón.

Usuarios y funcionarios pueden ingresar a las oficinas administrativas y aulas a pie únicamente.

De acuerdo con el dirigente de los trabajadores, el cierre se levanta en algunos escenarios, como por ejemplo, cuando personas con discapacidad, adultos mayores o vehículos de emergencia requieren pasar por los portones.

Chavarría además aseguró que existe un paro de labores en varias oficinas, como por ejemplo, en las de Asuntos Financieros y Registro; las cuales abarcan parte del edificio administrativo.

El departamento de comunicaciones del centro educativo indicó que la Rectoría pidió a sus unidades académicas y administrativas valorar la opción del teletrabajo desde el mediodía de este lunes, mientras se lleva a cabo una negociación entre la administración y la dirigencia sindical.

Según el secretario general, las partes sostendrán una reunión a las 5:00 p.m. de este lunes.

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​Remuneraciones congeladas

La protesta del Sindicato de Empleados responde a "deudas" que mantiene la Universidad de Costa Rica con sus trabajadores por concepto del costo de la vida y los pagos retroactivos, así como por el pago de los escalafones.

Esta situación —defiende de la organización de trabajadores— ha sido reconocida por la propia casa de enseñanza, siendo que, incluso, su Oficina Jurídica y su Contraloría dispusieron que se le cancele a los funcionarios lo que se les debe.

No obstante, pese a esos criterios, la Rectoría busca nuevas opiniones de entes externos, desconociendo a los órganos jurídicos, denunció el secretario general Hárold Chavarría.

Sumado a lo anterior, se tiene que el descontento entre los trabajadores se acrecentó luego de que el jueves anterior, decenas de asociados se presentaran a la Rectoría en procura de una solución, pero no fueron atendidos.

Asimismo, se tiene que el Sindicato de Empleados planteó una declaración del estado del conflicto y sesión permanente —figura prevista en la Convención Colectiva de Trabajo— mediante el oficio JDC-SINDEU-126-2023; gestión a la que no se le dio respuesta en plazo correspondiente, según Chavarría.

Tal coyuntura fue conocida el viernes anterior, durante una sesión de la Asamblea General Ampliada de la organización laboral, celebrada con la presencia de 250 miembros y la participación virtual de otros 100.

Allí se dispuso tomar "acciones de presión propias de la clase trabajadora, en la legítima defensa de los derechos laborales y ante la retención ilegítima de salarios".