POR Eric Corrales | 24 de abril de 2023, 17:06 PM

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública admitió la inhibitoria presentada por uno de los jueces del caso "La Trocha" y lo separó del debate, lo que ocasionó un nuevo retraso.

La Oficina de Prensa del Poder Judicial confirmó que Jorge Tabash pidió no participar del proceso por tener amistad con uno de los abogados defensores. 

Así las cosas, queda pendiente la asignación del cuarto juez o jueza para establecer una nueva fecha de inicio, ya que este lunes no fue posible arrancar.

El pasado 28 de marzo, el Tribunal Penal suspendió a dos de los jueces con el objetivo principal de garantizar la imparcialidad del debate, puesto que también existió un acercamiento laboral, en algún momento, entre los jueces y los acusados.

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El debate había quedado en pausa, el martes anterior, por la suspensión de dos de los cuatro jueces.

Trocha fronteriza

El hecho, que ahora se ventilará en los estrados judiciales, se remonta a mayo de 2012, por supuestos actos de corrupción en la construcción de la llamada 'Trocha fronteriza' o Ruta 1856, durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014).

El Ministerio Público acusó a 26 personas por los delitos de peculado, cohecho propio y enriquecimiento ilícito, además de encubrimiento de bienes y legitimación de capitales. Entre ellos, exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), encargados del proyecto y empresarios contratados para la obra.

Sin embargo, 13 de los empresarios investigados se sometieron a medidas alternas como resarcir el daño económico, trabajo comunal, arreglar escuelas y otras labores de orden social.

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Uno de los abogados solicitó el cambio de dos jueces, ya que asegura que él los defendió en otro juicio que se sigue por supuesto prevaricato.

Entre los acusados sobresale Carlos Acosta Monge, exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); Manuel Serrano Alvarado, quien fue el encargado del proyecto de la Trocha; y Miguel Ramírez Marín, ingeniero supervisor de la obra.

Además de los exfuncionarios, figuran como imputadas varias personas que simularon ser inspectores de Conavi, empresarios y algunas esposas de los imputados.

Según la acusación del Ministerio Público, el perjuicio económico se estima en más de 1.200 millones.