Diferentes sindicatos, cámaras y empresarios, unidos bajo el nombre de "Diálogo Multisectorial por una Costa Rica Próspera, Inclusiva y Solidaria", solicitaron a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) detener de inmediato el aumento de hasta ₡121 en los combustibles.
El incremento fue solicitado, el 11 de marzo anterior, por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y, de aprobarse, supondría un precio histórico por litro de gasolina Súper.
Entre las acciones puntuales presentadas por los sectores está la suspensión, de manera transitoria y por 12 meses, de los aumentos trimestrales en el impuesto único a los combustibles.
"Este accionar se da con el objetivo de contener el alza en los precios de los combustibles generados en los últimos días en Costa Rica, debido a los elevados precios del petróleo a nivel internacional por causa del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, para no afectar más el bolsillo de los costarricenses", comunicaron durante una conferencia de prensa, la mañana de este miércoles.
Además de paralizar el aumento de precios, el grupo solicitó a las autoridades que se modifique el cálculo de los precios y las tarifas de gasolina. Esto, según indican, basándose en el inciso d del artículo 5 de la Ley 7593, “Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep)”, mediante el uso de los precios de importación CIF pagados por Recope.
"En caso de no estar estos precios disponibles en forma oportuna, según el criterio de la Aresep, se utilizarán los precios de referencia u otras fuentes confiables", explicaron.
No al proyecto de ley
Los diferentes sectores también aclararon que están en desacuerdo con el proyecto de ley para atenuar los efectos sobre el precio de los combustibles y sus consecuencias, producto del conflicto bélico Rusia-Ucrania. Este pretende la incautación del 25% de la tarifa del margen de comercialización fijado por la Aresep.
Aseguran que esto, lejos de mejorar la economía nacional, puede provocar cierre de empresas y desempleo.
Este lunes, la Cámara de Empresarios del Combustible también anunció su oposición al proyecto. En conferencia de prensa, dijeron que valoran medidas en contra de esa propuesta y que de momento “no se descarta ninguna”, refiriéndose a posibles huelgas o paralización del servicio si el Ejecutivo sigue adelante con esa idea.
El director de la Cámara, José Miguel Masís, alegó que esa medida, además de inconsulta, atenta con el cierre de estaciones y afectaciones serias al servicio de distribución de combustibles en el país, pues los expendedores ya presentan serios problemas de flujo de caja. Esa reducción del 25% representaría dos veces su capital de trabajo, por lo que es un porcentaje inmanejable en el momento actual.
“Esta medida es reactiva e injustificada, además de que cercena el 100% de las cargas operativas, incluyendo las cargas sociales y con esto el salario de cientos de personas”, manifestó Masís.
Para exponer mejor sus ideas, el Diálogo Multisectorial entregará a los diputados un documento con todos los argumentos técnicos que demuestran la inviabilidad de la aprobación.
Entre los integrantes de la agrupación están el Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia), Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Asociación de Transportistas del Sector Energético (Atranse), Cámara de Empresarios del Combustible, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), entre otros.