POR Juan José Herrera | 2 de julio de 2021, 14:57 PM

La Sala Constitucional informó este viernes que se pronunciará, a más tardar el próximo 2 de agosto, sobre la constitucionalidad de la reforma al empleo público.

El tribunal que analizará y discutirá las cuatro consultas presentadas decidió acumularlas todas en la primera de ellas, presentada por el diputado José María Villalta (Frente Amplio) y otros 14 legisladores.

Además de ese expediente, se acumulan los presentados por Pablo Heriberto Abarca (PUSC) y Roberto Thompson (PLN), ambos junto a otros diputados; así como una última consulta que llegó a la Sala este jueves proveniente de la Corte Suprema de Justicia, luego de que así lo propusiera su presidente Fernando Cruz.

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Esta será la primera vez que la Corte Suprema de Justicia solicite a la Sala IV revisar un proyecto de ley.

Por ley, la Sala tiene un mes de tiempo para resolver una consulta de constitucionalidad, por lo que una vez acumulados estos cuatro expedientes, ese plazo empezó a contar.

“La Sala deberá, en el momento procesal oportuno, establecer si las consultas de constitucionalidad acumuladas cumplen o no con los requisitos formales exigidos, lo que se resolverá junto con la opinión consultiva”, dijo el órgano.

El tribunal que resolverá las consultas planteadas está conformado por los magistrados Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Varga y la magistrada suplente Ana María Picado Brenes.

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La eventual injerencia de la reforma en el Poder Judicial o la objeción de conciencia podrían suponer peros en la iniciativa, aunque no como para amenazar su avance.

Las consultas apuntan, en general, a vicios relativos a la violación de la independencia de poderes que defiende la Constitución Política, específicamente en el caso del Poder Judicial, que según la propuesta debe someterse a la rectoría del Ministerio de Planificación en temas administrativos.

En esa misma línea, se cuestiona también la presunta violación a las autonomías universitarias y municipales.

Cabe destacar que esta es la primera vez en la historia que la Corte Suprema de Justicia presenta una consulta de constitucionalidad a un proyecto de ley.