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Recope estudia reforma para dotar de facultades policiales a equipo que vigila poliducto
La institución acumula más de ¢10 mil millones en pérdidas por robo de combustible desde 2019.
POR Paulo Villalobos | 29 de septiembre de 2024, 8:00 AM
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) valora una potencial reforma para dar facultades policiales al equipo que se encarga de custodiar sus bienes.
Esto frente a los más de ¢10.000 millones que la institución ha sufrido en robos de combustible desde 2019.
La posibilidad incluso se empezó a discutir el 19 de setiembre pasado, en el marco del Consejo Sectorial de Seguridad, reveló la presidenta ejecutiva de la Refinadora de Petróleo, Karla Montero, en una entrevista con Teletica.com.
Esa posibilidad en su momento se barajó en la administración anterior, pero fue reintroducida recientemente, como una posibilidad frente a la incidencia de este tipo de criminalidad, que ha causado un perjuicio ¢1.576 millones en lo que va del año.
"Nosotros no podemos hacer detenciones, no podemos hacer allanamientos. Eso ya cada institución tiene sus funciones específicas.
"Sí hemos estado valorando un poco, con el Ministerio de Seguridad, si podrían eventualmente darse; pero con esas coordinaciones que estamos haciendo con ellos, como le dije anteriormente, hemos tenido un impacto muy positivo en la intervención de los casos", explicó la jerarca.
En ese sentido, la presidenta ejecutiva destacó que el equipo de protección de bienes ha tenido “línea directa” con los cuerpos policiales, de manera tal que estos acompañan la atención de alertas.
Montero ha conversado del tema directamente con el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.
"Lo estamos viendo directamente con él y el consejo. Porque eso necesita cambio de ley, entonces sí lo estamos valorando con ellos para ver si la parte de coordinación con Fuerza Pública se potencia, se fortalece, no sería necesario darnos esas funciones a nosotros. Por eso lo estamos valorando directamente con el Ministerio de Seguridad", ahondó la jerarca.
El órgano en cuestión, junto al Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), efectuaron una revisión de la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas (9.852).
Lo anterior, con el objetivo de valorar cambios en la tipificación de las conductas criminales o en las penas, como en el caso del transporte y la distribución ilegal, o la receptación.