Frente a proyecciones “alarmantes”, el Ministerio de Salud aspira a contener los suicidios durante la próxima década.
Esa es la meta que se plantea la vicepresidenta de la República y titular del ramo, Mary Munive, tras el lanzamiento de la Política Nacional de Salud Mental, el 19 de diciembre anterior.
Actualmente, Costa Rica tiene una tasa cercana a 8 por cada 100.000 habitantes, según indicó la jerarca en una entrevista con Teletica.com. Ahora, pretende llegar al 2034 con 7,6.
Este medio intentó validar la cifra, pero el último dato oficial disponible en Internet fue uno de 7,3 suicidios por cada 100.000 habitantes, registrado por el Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) para 2021. De ahí para atrás, dicho indicador osciló entre 6,7 y 7,8.
La cartera sanitaria, por su parte, señaló con base en un análisis preparado a partir de información recopilada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que entre 2019 y 2023 se contabilizaron 2.009 fallecimientos por autoeliminación.
Con todo y esas dudas derivadas de los datos, sus fuentes de información, entre otros, los suicidios fueron contemplados como uno de los tres ejes de la nueva Política de Salud Mental.
"Las proyecciones, debido al comportamiento analizado desde el 2010 al 2023, son preocupantes. Esa proyección de alguna forma la tenemos que incidir con todas las estrategias implementadas y más —porque si no ahí estaríamos todo el día— para poder bajarla", explicó Munive en conversación con este medio.
Esta situación es todavía más preocupante si se desagrega según provincia, pues Puntarenas registró una tasa del 10,66, seguida por Alajuela con 9,91 y Guanacaste con 9,47.
"Ahí es dónde la queremos bajar", enfatizó la ministra.
¿Pero cómo? La Política de Salud Mental traza una ruta al enlistar acciones estratégicas dirigidas a desarrollar lineamientos para el abordaje integral del comportamiento suicida, atender a las personas con trastornos por uso de sustancias y depresión, crear procesos de formación de respuesta al comportamiento suicida en distintos escenarios, promocionar la salud mental, entre otras.
También plantea la creación de una instancia interinstitucional dirigida a estudiar las autoeliminaciones, mediante la elaboración de informes anuales de análisis de suicidios (INAAS).
"Este tipo de estudios nos dan una visión un poco más amplia. Nosotros manejamos estadísticas como Ministerio de Salud, pero los datos que queremos a veces no son tan exactos. Por eso estamos empezando a interoperar, para empezar a alimentarnos no solamente Instituto de Estadística y Censos, el Poder Judicial que recibe mucha de esta información y con data de otras instituciones, con el fin de poder correlacionar y tener los datos exactos, no solamente de los suicidios, que es el lamentable desenlace, sino también de las ideaciones suicidas, porque así poder saber que están siendo manejadas, tratadas y que la institucionalidad y la sociedad civil están respondiendo para poder contener algo que pudo ser un desenlace fatal", explicó la jerarca.
De igual manera, se menciona la inclusión del tema del comportamiento suicida en las carreras universitarias relacionadas con la Salud y las Ciencias Sociales.
Cada una de esas tareas —y otras— tienen asignada una institución como responsable de ejecutarlas. Esa definición se estableció como aprendizaje de la primera versión de la política emitida en 2012, la cual fracasó, según la propia Munive.