La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, fue trasladada en una "perrera" desde la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Pérez Zeledón, hasta los tribunales de Goicoechea.
Así consta en imágenes grabadas por TV Sur y compartidas a Telenoticias, en las que se observa un vehículo de la Unidad de Cárceles de la Policía Judicial abandonar la sede judicial.
Según confirmó la oficina de prensa del OIJ, en el interior viaja la jerarca, en calidad de detenida, hasta las oficinas de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en la sede del II Circuito Judicial de San José.
Valga resaltar que en ese edificio se sitúa el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, que es el encargado de conocer las diligencias relacionadas con casos de presunta corrupción.
Allí se le indagará —es decir, se le pondrá en conocimiento de los hechos por los que se le investiga, así como de la prueba que se tiene en su contra— junto a otros siete detenidos durante los 28 allanamientos ejecutados la mañana de este lunes.
Los restantes son de apellidos Camareno, Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós. Todos son funcionarios actuales y anteriores de la institución administradora de los hospitales públicos del país.
A los ocho se les investiga por los presuntos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública, por la aparente adjudicación irregular de 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud, a cuatro cooperativas y a una asociación.
La denuncia que dio origen a esta pesquisa, que se tramita bajo el expediente 24-000267-1218-PE, fue presentada por la Auditoría Interna de la propia entidad que vela por la seguridad social y dada a conocer por Telenoticias el 22 de julio pasado.
Esta privatización de los establecimientos fue aprobada el 6 de julio anterior, cuando los directivos de la institución sesionaron de forma extraordinaria, bajo la figura de funcionario de hecho, que permite revisar y decidir temas de urgencia, pese a no contar con el quorum estructural para tales efectos.
Se cree que, contra varios informes técnicos, la Junta Directiva efectuó la adjudicación, por un monto de ¢3.929 millones mensuales por los próximos 10 años.