La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, fue detenida la mañana de este lunes por aparentes sobreprecios en la adjudicación de 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó la captura luego de que la jerarca se presentara voluntariamente a su delegación en Pérez Zeledón, confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
La Policía Judicial, bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), intervino tiempo antes el domicilio de Esquivel, en el octavo piso de la torre Urbn Escalante, en San José. No obstante, la presidenta ejecutiva no se encontraba.
El director general del Organismo de Investigación Judicial, Rándall Zúñiga, confirmó que la jerarca es una de las imputadas en un caso de presunto tráfico de influencias y aparente influencia contra la Hacienda Pública que se tramita desde hace dos meses en el Ministerio Público.
Durante las diligencias, también fueron aprehendidos otras siete personas de apellidos Quirós (69 años), Araya (42), Gómez (67), Porras (57), Camareno (mujer, 64), Gutiérrez (mujer, 59), Rojas (mujer, 70).
Estos últimos son funcionarios y exservidores de la institución administradora de los hospitales públicos del país, indicó la Policía Judicial sin precisar los puestos.
La denuncia que dio origen a esta pesquisa, que se tramita bajo el expediente 24-000267-1218-PE, fue presentada por la Auditoría Interna de la propia entidad que vela por la seguridad social y dada a conocer por Telenoticias el 22 de julio pasado.
Esta privatización de los establecimientos fue aprobada el 6 de julio anterior, cuando los directivos de la institución sesionaron de forma extraordinaria, bajo la figura de funcionario de hecho, que permite revisar y decidir temas de urgencia, pese a no contar con el quorum estructural para tales efectos.
Se cree que, contra varios informes técnicos, la Junta Directiva adjudicó la administración de las áreas de salud de Escazú, Santa Ana y San Francisco-San Antonio a la Cooperativa Coopesana; La Carpio de La Uruca y San Sebastián de San José a Asemeco; Pavas de San José y Desamparados a Coopesalud; Tibás a Coopesaín; así como San Pablo y Barva a Coopesiba.
Ello por un monto de ¢3.929 millones mensuales por los próximos 10 años. O sea, una adjudicación que representará para la institución ¢471.000 millones.