El nivel de endeudamiento que mantiene Costa Rica llevó a limitar las transferencias que el Ministerio de Hacienda hace a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por concepto del impuesto a los productos de tabaco.
Así lo explicó el titular del ramo, Nogui Acosta, en declaraciones a Teletica.com, luego de que la institución administradora de los centros de salud públicos alertara sobre el impacto que tiene esa reducción en la atención de pacientes con cáncer y la compra de equipos especializados.
El jerarca recordó que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas —vigente desde el 3 de diciembre de 2018— establece en el artículo 15 de su título III que mientras la deuda del Gobierno supere el 50% del producto interno bruto (PIB) nominal, la cartera podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales según la disponibilidad de los ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit de los beneficiarios.
"Con esto lo que se pretende es que, como sociedad, todos aportemos; particularmente aquellos que reciben beneficios de los impuestos. Hay que entender que las posibilidades del Ministerio de Hacienda tienen que generar una serie de priorizaciones", dijo el ministro a este medio.
"En el caso particular de la Caja Costarricense de Seguro Social, no es diferente a todas las demás instituciones que reciben recursos de impuestos y que se ven enfrentados a la necesidad de compartirlo con otras instituciones, ministerios, etc.", agregó.
La entidad que vela por la seguridad social, a través de su gerente financiero, Gustavo Picado, informó que valora la posibilidad de iniciar un cobro judicial por ¢26.980 millones que no se le habían transferido hasta setiembre de este año.
Pese a esa alternativa bajo estudio, así como a la existencia de cobros administrativos, Acosta negó haber recibido comunicación alguna por parte de la Caja de Seguro Social.