Andreina Ovalle tiene 29 años y es una de las privadas de libertad ingresadas en el centro penal Vilma Curling. Llegó a la cárcel durante la pandemia, cuando tenía apenas cuatro meses de embarazo.
Partiendo de su estado de embarazo, Ovalle fue ingresada directamente al módulo Materno - Infantil, donde actualmente vive con su hija de un año de edad en el centro penitenciario.
Para esta joven, la experiencia de estar reclusa con su hija ha sido muy diferente a la que se imaginaba, ya que puede estar con su bebé en un ambiente donde hay muchas menos complicaciones de las que ella se esperaba en calidad de privada de libertad.
"Es súper distinto a cualquier otro módulo. No pareciera que estuvieses privada de libertad. Contamos con cocina, con dos refrigeradoras grandes; contamos con un área de lavado. Los niños tienen un área de zona verde, una zona de juegos también. Tenemos un cuarto privado para cada una con su bebé; tenemos pantallas, abanicos, closets, una cama semi matrimonial y una cuna", detalló durante una entrevista con Teletica.com.
Para Ovalle, este derecho que le otorga el Ministerio de Justicia y Paz a las mujeres quienes, como ella, también deben responder a los deberes de la maternidad mientras cumplen una pena, es algo fundamental. En su caso particular, lo considera como una bendición, ya que, siendo una migrante venezolana que vive lejos de su hogar y de sus familiares, no habría podido contar con nadie que pudiera cuidar de su bebé mientras cumplía la pena.
Tanto Ovalle y como las otras madres que califican para ingresar a este módulo deben firmar un acuerdo de responsabilidad, donde se detallan las normas y los comportamientos que se les prohíbe hacer para así proteger el ambiente de crianza de sus hijos en un centro penal.
"El ambiente tiene que ser muy tranquilo porque si se llegan a pelear o a discutir o cualquier situación fuera de la normal, te pueden sacar al bebé y ninguna quiere eso. Entonces todas tratamos de llevarnos lo mejor que podemos", contó.
Además, parte de ese trato especializado incluye el derecho al acceso de productos como la leche, pañales, comida y juguetes para sus hijos.
Pese a ser un beneficio muy importante para estas madres, no es permanente. Según la normativa, estas mujeres deben volver a los módulos ordinarios una vez que sus hijos cumplan los tres años.
Luego de eso, las autoridades judiciales y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) inician un proceso de separación.
En caso de que haya alguien que pueda cuidar al menor cuando salga del centro penitenciario, se coordina para que pase al cargo de esa persona. Si no es así, se coloca en un albergue del Estado.
Ovalle fue sentenciada a cinco años y cuatro meses de prisión por transportar droga, por lo que deberá separarse de su hija durante un período de su condena.
"Es un momento muy duro, pero el bebé ya tiene que salir porque ya ellos comienzan a tener entendimiento a esa edad. Es como para que no recuerden que estuvieron en este lugar", reconoció.
Nunca se imaginó que su maternidad tendría una cárcel como escenario. Aunque reconoce que, dentro de lo que cabe, vive tranquila, y cuenta con lo más importante: la compañía de su hija.
Ella es una de las 17 mujeres que habitan con sus hijos en el módulo Materno-Infantil del centro Vilma Curling, así lo reporta el departamento de Atención a la Mujer de la institución.
Este reportaje forma parte de un especial dedicado a analizar el estado de los módulos maternales en el país; en la próxima entrega, se examinarán las razones detrás del por qué este beneficio no aplica para los hombres privados de libertad, tomando en cuenta el auge que ha tenido el concepto de la crianza compartida en nuestro país.