La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) denunció este martes, en conferencia de prensa, que 193 centros educativos privados están pendientes con el pago de las cuotas del Seguro Social, lo cual afecta directamente el derecho de pensión de unas 2.457 personas que trabajan en dichos lugares.
Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema, sostiene que se han acercado a los centros deudores para hacer la gestión de cobro o arreglos de pago, y que algunos sí han demostrado interés, pero otros no.
El monto adeudado asciende a más de ₡4.700 millones, de los cuales hay 10 centros de enseñanza privada que deben más del 50% de ese monto.
Esos centros se ubican en Moravia, San Antonio de Belén, Lomas de Ayarco, Heredia, Santa Ana, Jardines de Cascajal y Alajuelita.
En la conferencia de prensa se indicó que, al menos, uno de estos centros educativos entró en quiebra y, aparentemente, no tiene patrimonio con qué responder, por lo cual es difícil recuperar esas cuotas.
Jupema es la entidad encartada de administrar los recursos destinados a las pensiones de los trabajadores de ese sector, es por eso que insisten en que el no pago de esas cuotas afecta directamente a los que laboran allí, pues son montos que no se contabilizan para su futura pensión.
“Muchos de ellos van a tener que terminar trabajando más tiempo para recuperar el dinero que no se ha pagado, independientemente de la edad que tengan”, aseveró el jerarca, quien agregó que ya se han gestionado trámites de cobros en sede judicial.
Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Junta Directiva de Jupema, manifestó que es necesario que el Ministerio de Educación tome un rol protagónico para enfrentar este tema.
“Este es un asunto muy grave, tomando en cuenta que en el tema de pensiones nuestro país está enfrentando un envejecimiento en su población”, indicó Rodríguez.
Carlos Arias aclaró que esa deuda no afecta el patrimonio de Jupema en sí.
En medio de las críticas y cuestionamientos al sistema financiero, tanto Conassif como SUGEF insisten en que son la regulación y supervisión las que permiten intervenciones como las de Coopeservidores y Desyfin.