Interpretar la violación de la que fue víctima la menor de edad, madre de la bebé Keibril, como una relación impropia, fue la causa de que funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), no actuaran de acuerdo con la gravedad del caso, lo que “exacerbó la situación de riesgo y vulnerabilidad”.
Así lo reveló la presidenta ejecutiva de la entidad, Kennly Garza, quien afirmó que ese fue el motivo que llevó a la institución a despedir a dos funcionarios sin responsabilidad laboral y suspender sin goce salarial a otros cuatro.
Ya han pasado cinco meses desde que, a raíz de la desaparición de la bebé, trascendiera que su madre menor de edad había sido violada por un hombre de 33 años. Dicha situación provocó el embarazo de la niña, quien en ese momento tenía 12 años.
Garza comentó, que, si bien hubo una respuesta por parte de la institución, debido a que hubo intervenciones por parte del personal de la oficina local, dicha respuesta no correspondía a las características de la situación que se estaba develando.
El Código Penal, en su artículo 156, determina como violación cualquier acto sexual contra una persona menor de 13 años (12 años o menos). El delito se agrava cuando se sufre en un ámbito de convivencia con el agresor o se produce un embarazo.
Por su parte, la Ley de Relaciones Impropias, tipifica en su artículo 161, las sanciones, cuando se realizan actos con fines sexuales contra una persona menor de quince años o incapaz, siempre que no constituya delito de violación.
De acuerdo con el abogado penalista, Rodrigo Araya, el delito cometido contra la mamá de Keibril, no puede interpretarse con la Ley de Relaciones Impropias, pues esta rige siempre y cuando no haya violación. Y según el Código Penal, si se tiene menos de 13 años es violación, lo cual coincide con la edad de la madre de Keibril al momento de los hechos.
“Es grave lo de los funcionarios del PANI, porque ellos tienen que saber, como instituto dedicado a la niñez, que toda relación sexual que involucra a un menor de 12 años o menos, es violación. Y si les llega a manos de ellos una niña de esa edad embarazada, no se le puede dar otro tratamiento. Lo que alegan es inaceptable. Tienen que estudiar, tienen que saber la jurisprudencia,” enfatizó el penalista.
Por su parte, la jerarca comentó, que, debido a lo sucedido, el PANI, con apoyo de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, están capacitando a su personal sobre el deber de denunciar y la correcta conceptualización y aplicación de la Ley de Relaciones Impropias.
“Se identificó la necesidad de clarificar conceptualmente qué es y qué no es, porque la norma es absolutamente explícita en los rangos de edad y cuándo puede interpretarse y suponerse que hay una relación impropia y cuándo estamos ante una flagrante situación de violencia de otra naturaleza que no podría embarcarse como Ley de Relaciones Impropias. Justamente por eso, y porque no queremos que vuelva a suceder, y jugarnos la suerte de que no se esté comprendiendo adecuadamente, estamos en este ciclo de capacitación con la Fiscalía”, aseveró la jerarca.
Garza fue enfática al indicar que no necesita que sucedan más casos como estos para entender que se trata de algo generalizado. Por tanto, afirmó que no correrán riesgos y la capacitación es de participación obligatoria para los funcionarios.
“No tengo tiempo para hacer un examen interpretativo para ver si la manejan o no, esto es una ejecución inmediata de capacitación referente al tema,” comentó la presidenta ejecutiva del PANI.
Finalmente, indicó que, si bien esta medida no es algo reparador, es la respuesta que el PANI puede dar a nivel institucional para que un error así no vuelva a suceder.