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Empresa Infinito Gold reactiva litigio contra Costa Rica por minería en Crucitas
La empresa pagó $300 mil dólares para reanudar el proceso de arbitraje.
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Infinito Gold solicita “terminación” de disputa en caso Crucitas
El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, asegura mantener “expectativas cada vez más positivas sobre un desenlace favorable a los intereses” del país.
POR Susana Peña Nassar | 26 de junio de 2024, 11:55 AM
Costa Rica y la empresa Infinito Gold solicitaron la “terminación” de la disputa que mantenían ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por el fallido proyecto minero Crucitas.
Así se desprende de la última actualización de dicho caso, con fecha del 14 de junio anterior, disponible en la página web del CIADI. “Las partes presentan una solicitud de terminación del procedimiento de conformidad con las Reglas de Arbitraje del CIADI 53 y 43(1)”, dice la información.
El pasado 3 de junio, esa instancia arbitral había dictado una resolución favorable para el país, que descartaba las millonarias pretenciones de indemnización de Infinito Gold; pero la compañía canadiense decidió reactivar el litigio, un proceso en el que, finalmente, desistió.
“Sobre la disputa entre Industrias Infinito y el Estado costarricense, mantenemos expectativas cada vez más positivas sobre un desenlace favorable a los intereses de Costa Rica en esta larga disputa”, indicó Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, quien encabeza la defensa de Costa Rica ante el CIADI, con sede en Washington.
Por medio de su oficina de prensa, indicaron que Tovar, por el momento, no daría más detalles.
En la página del CIADI, el estado del procedimiento aún aparece como “pendiente”.
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Proyecto minero
En 2008, el Gobierno de turno pretendió crear un proyecto de minería a cielo abierto en la zona de Crucitas, San Carlos, por medio de una concesión a la empresa Industrias Infinito Gold, iniciativa que incluso se declaró de interés público.
Esa concesión era ilegal por el impacto ambiental que significaba, así como la declaratoria de interés que el Gobierno hizo sin los estudios técnicos respectivos. Así fue declarado por el Tribunal Contencioso Administrativo, que en el 2010 se trajo abajo el contrato y obligó a la empresa Infinito Gold a pagar por el daño ambiental.
A partir de entonces, el país entró en un conflicto con la compañía, que requirió de un arbitraje internacional con el CIADI, que es un órgano especializado del Banco Mundial, ubicado en Washington, Estados Unidos. La empresa pretendía, entre otras, que el país le pagara por las inversiones realizadas y las supuestas ganancias dejadas de percibir al anularse la concesión. Ambos montos suman un total de $394,8 millones (más de ₡244 mil millones).